Durante 2024, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) solo resolvió el 7 por ciento de los 34 mil 13 expedientes laborales rezagados, cantidad que se traduce en solo 2 mil 316, de acuerdo a estadísticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) del estado de Puebla.
Los registros refieren que hasta el último mes del año pasado todavía había 31 mil 697 asuntos en trámite.
En la información disponible se observa que el mayor rezago, hasta diciembre de 2024, se concentraba en la Junta número 3, con 7 mil 667 juicios pendientes de resolver.
En segundo lugar, la 1, con 5 mil 951; en tercero, la 2, con 5 mil 927; y en cuarto, la 6, con 5 mil 576.
Mientras que la 4, 7, 5, y 8 tuvieron hasta el último mes del año pasado, 3 mil 978, 2 mil 200, 244 y 154 asuntos pendientes de desahogar, respectivamente.
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En tanto, de 2025, la información que actualmente está disponible solo corresponde a la del mes de enero, cuando en total se concluyeron 228 juicios individuales, beneficiando a 29 trabajadores por convenio celebrado y 18 por cumplimiento de laudo.
Sin embargo, algo que llama la atención es que en las infografías disponibles en el sitio web del gobierno estatal, ya no se desglosa la cantidad de juicios sin resolver en cada una de las ocho juntas, únicamente se menciona el universo de concluidos.
En noviembre de 2024 el entonces secretario del Trabajo del estado de Puebla, Carlos Alberto Toriz Morales, indicó en conferencia de prensa que, con el plan de trabajo elaborado en el periodo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se preveía concluir todos los expedientes en un periodo de 13 años.
Defendió en ese momento que la estimación se redujo siete años, pues en 2022 se calculaba que se necesitarían 20 años.
Desde el 3 de noviembre de 2021, la JLCA dejó de recibir demandas, sin embargo tiene gran cúmulo de las mismas, debido principalmente a la falta de recursos económicos, materiales y humanos para dar celeridad a los procesos.
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En agosto de 2024, en una entrevista concedida a La Jornada de Oriente, la presidenta de la Junta, Andrea Priede Iglesias, comentó que se necesitaban aproximadamente 32 trabajadores más, que se sumarán a los 110 existentes, para abatir el rezago histórico.
Por su parte, abogados laboralistas han exhibido que en el citado tribunal es frecuente que no hay ni siquiera hojas para sacar copias o imprimir archivos y que son los mismos defensores o usuarios quienes tienen que absorber esos gastos.
En el mismo tema, Samuel Porras, abogado laboralistas declaró en su momento que es muy probable que haya trabajadores que tienen 60 o más años mueran sin resolución de su juicio.
