La Cámara de Diputados está cerca de aprobar la reforma en materia de aguas, la cual contempla la creación de la Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, ambas impulsadas por el gobierno federal, a pesar de las advertencias de especialistas sobre sus posibles efectos contradictorios.
Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional, informó que ambos proyectos legislativos ya están en manos de las comisiones correspondientes y podrían recibir luz verde en un plazo de hasta 15 días. Explicó que la propuesta busca actualizar el marco regulatorio en consonancia con el Plan Hídrico Nacional, que pretende rescatar los ríos y adecuar la normatividad para encarar la crisis de abasto en ciudades y zonas agrícolas.
Según Carvajal Hidalgo, la nueva legislación establecerá sanciones penales contra el desvío ilegal de agua, conocido como “huachicoleo”, y penalizará la sobreexplotación de acuíferos, al tiempo que introducirá mecanismos para una distribución equitativa del recurso. Agregó que en Puebla, 30 por ciento de las colonias registra suministros intermitentes, y muchas deben recurrir a pipas o sistemas de tandeo para abastecerse.
La reforma también planea regular las concesiones de uso, limitando la transmisión de derechos únicamente bajo ciertas condiciones para el sector agrícola. El legislador aclaró que se eliminará la comercialización indiscriminada de volúmenes de agua, y que los ejidos mantendrán la operación de los distritos de riego, ahora bajo mayor supervisión de la Comisión Nacional del Agua o los organismos de cuenca.
Expertos como Pedro Moctezuma Barragán, integrante de Agua para Todos, Agua para la Vida, han alertado que la coexistencia de dos ordenamientos podría generar confusión jurídica y abrir la puerta a la privatización de servicios, como sucedió previamente en estados como Puebla. Moctezuma indicó que la actual iniciativa, discutida en San Lázaro, eliminó la cláusula que prohibía expresamente la privatización, hecho que considera regresivo para la gestión pública del agua.
Durante su intervención en el IV Congreso La Gestión Integral del Agua en Puebla, Moctezuma Barragán sostuvo que el texto en análisis en la Cámara de Diputados conserva artículos que permitirían la privatización del servicio hídrico a nivel municipal si no son revisados con minuciosidad, por lo que exigió un diálogo serio con los legisladores.
Apuntó también que el proyecto responde a intereses de la llamada “hidrocracia” protegida por la Comisión Nacional del Agua y que incluye medidas innecesarias, como extender la garantía constitucional del derecho al agua hasta 2085. Finalmente, alertó que las reformas propuestas facilitarían la contaminación y el vertido de aguas tóxicas sin responsabilidad clara.
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