Debido a las condiciones de inseguridad prevalecientes en el país y en Puebla, las empresas de seguridad privada han crecido considerablemente, aunque muchas de ellas operan de manera irregular ya que no están registradas ni certificadas por el gobierno estatal. Según datos del Grupo Empresarial de Seguridad Privada, unas 250 empresas de seguridad privada operan sin ajustarse a la ley y la reglamentación establecida, ya que no cuentan con el registro que otorga el gobierno del estado, frente a otras 250 empresas que sí tienen el permiso que la Secretaría de Seguridad Pública otorga para poder ofrecer sus servicios.
Lo anterior implica un contrasentido, ya que la informalidad en este caso puede tener repercusiones graves, justamente en materia de seguridad; al contratar una de estas empresas se busca contrarrestar la inseguridad y violencia imperantes en el gran número de ilícitos que se presentan y que ponen en riesgo no solo el patrimonio de los contratantes y usuarios de los servicios que ofrecen, sino la propia integridad física del personal de las propias empresas de seguridad que brindan ese servicio.
Si bien está pendiente un cambio en la legislación federal que permita homologar costos de permisos y servicios, creemos que la Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene la obligación de fiscalizar las irregularidades.
En días pasados el tema de la irregularidad de este tipo de empresas salió a colación por las condiciones de inseguridad en la Central de Abasto de Puebla, donde bodegueros y locatarios se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada frente al crecimiento de los ilícitos en la Central y en la zona, donde la seguridad pública está rebasada. Sin bien estas firmas no tienen entre sus servicios combatir los delitos, ya que son en teoría coadyuvantes del sistema de seguridad pública, pues la labor de los guardias privados es alertar a las autoridades sobre algún ilícito, aunque muchas veces se han visto involucrados en enfrentarlos, careciendo de la preparación para hacerlo.