Empresa de seguridad del metrobús es de Karam, el segundo hombre más buscado por la justicia poblana

Paradójicamente uno de los hombres más buscados por la justicia en Puebla y del ámbito federal, es quien brinda seguridad pública a diario, a miles de usuarios, en la ruta 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado, mejor conocido como metrobús. Resulta que la empresa encargada de otorgar ese servicio es propiedad de Adolfo Karam Beltrán, el exdirector de la Policía Judicial, quien junto con el exgobernador Mario Marín Torres enfrenta una orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Los guardias que cuidan en la Ruta 3 de metrobús de la ciudad de Puebla laboran para la compañía Servicios de Seguridad Privada ERI (Equipos de Respuesta Inmediata), en la cual Adolfo Karam, aunque no aparece como directivo, se dice que tiene fuertes intereses económicos y es quien gestionaba los contratos para dicha firma.

Lo curioso de este asunto, es que el contrato para la empresa Servicios de Seguridad Privada ERI se suscribió por parte del anterior gobierno interino del estado de Puebla, en el mismo periodo en que se giró la orden de aprehensión contra Adolfo Karam Beltrán y Mario Marín Torres, lo cual es indicativo de que a los altos funcionarios de la pasada administración estatal poco les interesaba que el acuerdo se estuviera firmando con una compañía encabezada por alguien que oficialmente está declarado como prófugo de la justicia.


Se dice que quien le habría dado entrada a la empresa en que está involucrado “el jefe Karam”, tal como le gusta que le digan, es Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de secretario de Finanzas y Administración del gobierno interino que tuvo una efímera existencia de siete meses.

Y quienes conocen de este asunto sostienen que siempre se supo que dicha compañía está estrechamente vinculada a los intereses de Adolfo Karam, quien luego de haber sido jefe de las extintas policías Federal y Judicial de Puebla, abrió un despacho para dar asesoría jurídica a exagentes de corporaciones policiacas y para vender servicios de seguridad privada.

Pareciera que ese contrato es reflejo de dos situaciones:

Que alguien del anterior gobierno buscaba dar ayuda económica a Karam Beltrán, pese a que es un perseguido de la justicia, que incluye a la Interpol, que ha girado una ficha roja de búsqueda en el extranjero en su contra.

O que algunos miembros del Poder Ejecutivo tenían la certeza de que no va a caminar el proceso legal que se reinició contra Marín y Karam, luego de que el organismo de derechos humanos de la ONU pidió al Estado mexicano pedir disculpas públicas a Lydia Cacho por haberse violado sus garantías individuales con la detención arbitraria y la tortura que sufrió en diciembre de 2005, la cual fue directamente ordenada y planeada por Adolfo Karam.

Un fuerte rumor dice que Adolfo Karam no ha abandonado la ciudad de Puebla, pese a la orden de aprehensión en su contra.

Que goza de una red de protección, que incluye a jefes policiacos, personal de los juzgados y funcionarios gubernamentales, que lo alertan de cualquier intento de localizarlo.

Que es tan fuerte esa protección que por eso le dan contratos públicos cuando se supone que tendría que estar huyendo.