La Fiscalía General de la República (FGR) emitió medidas de restricción en contra del secretario General de la Sección 1 del Sindicado del IMSS, Sergio Herrera Vázquez, y 29 miembros del comité seccional, por los delitos de discriminación, violencia institucional y negar los derechos laborales por razón de género o embarazo, de un grupo de médicas y enfermeras del Hospital San José de Especialidades.
La carpeta de investigación número 1161/2021, en poder de esta casa editorial, precisa que las medidas protegen a las trabajadoras de San José que fueron agredidas durante los disturbios del pasado 28 de abril.
Ese día, los líderes sindicales realizaron guardias en las jefaturas de Enfermería, Nutrición y Dietética, Medicina Nuclear y Personal del nosocomio, para impedir el ingreso de sus directivos.
La manifestación se dio a raíz del enfrentamiento a golpes que se dio un día antes entre el director del hospital, José Álvaro Parra Salazar, y Gabriel Amador, este último subsecretario de la Comisión Mixta Disciplinaria del sindicato, cuando intentaban dialogar para poner fin al conflicto laboral.
Aunque la Delegación del IMSS pretendió desmentir el hecho dado a conocer por La Jornada de Oriente, lo cierto es que en dicho expediente se confirmó que hubo una agresión y se otorgó la protección a las agraviadas: Nancy Berenice Sánchez Tomay, Marisol Bobadilla Carreón, Ana María Zambrano García, Lorena Sánchez Viveros, Alma González Reyes, Zander Salgado Ramos, María Luisa Concepción Barranco Hernández y Rosa María Gabriela Téllez Soriano.
Entre las medidas que se aplicaron a favor de las trabajadoras del hospital de alta especialidad está que Sergio Herrera y los miembros del comité sindical “tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima”, tanto en las áreas laborales como en sus domicilios particulares.
Además, se les prohibió realizar conductas de intimidación o molestia a las agraviadas o a personas relacionadas con ellas.
La Fiscalía General de la República emitió la orden al director de San José, José Álvaro Parra Salazar, para que vigile el cumplimiento de dichas medidas de protección. De lo contrario, informó que se impondrá una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cada integrante del comité seccional.
Esto de conformidad con los artículos 104, Fracción I, Inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Actualmente, el valor de la UMA es de 89.62 pesos, lo cual significa que por cada líder sindical que incumpla con la Ley se les aplicará una sanción económica de 17 mil 924 pesos, que por los 30 integrantes del sindicato representa un total de 537 mil 720 pesos.
Restricción va contra 30 integrantes del comité seccional
Las medidas restrictivas van en contra de Máximo Gómez Velásquez, Abner Blanco Durán, Julieta Huerta Montiel, María Guadalupe Kuri Morales, María Laura Rojas Gamboa, Susana Espinosa Cruz, Eliuth Toniz Morales, Roberto Javier Cortés Perdomo, Andrea Carrasco Linares, Thalía Chávez Pérez, Lilia Hernández Ramírez y María del Pilar Hernández Ugalde.
También se encuentra Felipe Luna Fortino, Olivia Bravo Silva, Gloria del Carmen Fuentes Rodríguez, Micaela Juárez Bravo, José Prócoro Tapia Hernández, Blanca Espejel Arcega, Lizbeth Cristóbal Cruz, Mónica Ramírez Maciel, Axel Suárez González, Monserrat Velásquez Aguilar, María Paola Macip Hernández, Jazmín Lara Kistiano, Sergio Herrera Vázquez, Teresa Torija Pérez, Laura Rojas Bamboa, Irasema Solís, Aníbal Tlecaunhuey Ortega y Vicente Vázquez.
Al final, la FGR ordenó la ampliación de la medida de protección idónea, “toda vez que se estima que los imputados representan un riesgo inminente en contra de su seguridad”.