El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa al Congreso local para reformar la Constitución y reglamentar la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla mediante voto popular, así como para crear el Tribunal de Disciplina Judicial.
La propuesta plantea que los juzgadores sean electos por votaciones el primer domingo del mes de junio de 2027, proceso que será conducido por el Instituto Electoral del Estado (IEE).
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local para su análisis y eventual aprobación, y representa una homologación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó al final de su sexenio.
De acuerdo con el artículo tercero del documento, la renovación de los juzgadores del Poder Judicial de Puebla (magistrados y jueces) se llevará a cabo mediante elecciones que se realizarán el mismo día que las elecciones federales. La primera de estos comicios tendrá lugar el primer domingo del mes de junio de 2027.
“La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se realizarán por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas que se celebrarán el mismo día y año que las elecciones federales, con la participación corresponsable de los ciudadanos y de los partidos políticos. En el Poder Judicial se realizarán conforme a lo establecido en esta Constitución. El instrumento único de expresión de la voluntad popular es el voto universal, libre, secreto y directo e intransferible”, se indica en la iniciativa.
Será el Congreso del estado la instancia encargada de emitir la convocatoria para integrar las candidaturas un año antes de las elecciones, las cuales serán revisadas por comités de evaluación que tendrán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como ya ocurre a nivel nacional tras la reforma impulsada por López Obrador.
Los aspirantes contarán con un periodo de 60 días para hacer campañas. El cómputo de las votaciones y la entrega de las constancias de mayoría estarán a cargo del IEE.
Los aspirantes a convertirse en juzgadores deberán contar con una experiencia mínima profesional de cinco años y tener título académico de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con el órgano de administración judicial.
Para la elección de los mismos, se establece un 50 por ciento de candidaturas para hombres y el resto para mujeres.
Quienes resulten electos como jueces y magistrados del TSJ durarán en sus cargos nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva, aunque tras elecciones de junio de 2027 habrá una única excepción pues algunos concluirán su periodo en 2033 y otros en 2036 dependiendo del número de votos que obtengan.
“Por única ocasión, las magistradas y magistrados, jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia que sean electos en 2027 vencerá el año 2033 para la mitad de ellos, y el año 2036 para los restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo el periodo mayor a quienes alcancen mayor votación”, se refiere en la propuesta.
¿Qué es el Tribunal de Disciplina Judicial?
En su iniciativa, el gobernador propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial el cual podrá “solicitar investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares, de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley”.
La principal función del nuevo organismo será el de vigilar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados del Poder Judicial pues desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones, podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y solicitar el juicio político de las personas electas juzgadoras por voto popular, además podrá establecer sanciones como amonestación, suspensión o sanción económica, destitución o inhabilitación.
