Ayer la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, anunció que en este año 2025 habrá revista vehicular del transporte público del estado de Puebla, la cual no se realiza desde 2009, es decir desde hace 16 años. Cuantificó en alrededor de 37 mil unidades las que están operando y a las cuales se les revisará el estado físico y mecánico en el que se encuentran, para así corroborar que estén cumpliendo apegados a la Ley del Transporte. También subrayó que los transportistas deben tener presente que la concesión es un permiso que les otorga el Estado para prestar un servicio público y, por tanto, no son autónomos y deben ofrecer mejoras a los usuarios.
El deficiente servicio de transporte público que hay en Puebla obedece a diversas causas, pero una de ellas es la falta de control y supervisión de las unidades que brindan el servicio por la autoridad competente y el poder de los concesionarios, aunque hay que reconocer que el precio de nuevas unidades no permite en muchos casos renovaciones más frecuentes, a pesar de los esquemas de apoyo que el gobierno puede ofrecer y lo establecido por la Ley del Transporte, que establece que los vehículos que presten el servicio de transporte mercantil en la modalidad de taxi y taxi local no deben tener una antigüedad mayor a siete años. Mientras que las unidades de las rutas urbanas deberán ser modelos a partir del año 2017 en adelante y a partir del año 2015 para rutas suburbanas y foráneas.
La administración anterior otorgó una prórroga de seis meses para que concesionarios de rutas urbanas, suburbanas y foráneas puedan cumplir con la renovación de sus unidades. En una evaluación de la SMT se mencionaba que, de un total de 14 mil 483 unidades de transporte público con registro en 148 municipios del estado de Puebla, más de 40 por ciento se encontraban obsoletas, por lo que deben salir de circulación por un tema de seguridad para los usuarios, mientras con el servicio de taxis, de los 21 mil 865 vehículos empadronados, 64 por ciento, unas 14 mil unidades, tienen que ser cambiadas. Es decir, uno de cada cuatro camiones de transporte público debe ser cambiado, mientras que de los taxis, seis de cada 10.
En fin, habrá que esperar que los controles y el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente permita mejorar el servicio, cuidando que ello no signifique un aumento de las tarifas, ya que impacta directamente en el gasto de las familias, principalmente de los sectores populares.