El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC), recientemente firmado, es una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que tendrá una duración de 16 años, pero será revisado cada seis.
El T–MEC establece las reglas relativas al comercio, la inversión y la propiedad intelectual, así como los mecanismos para la resolución de controversias, las disposiciones en materia de trabajo, medio ambiente y el nuevo capítulo anticorrupción. Hay quienes aseguran que el T–MEC contribuirá a que México se modernice, lo mismo que se dijo del TLCAN en 1994; sin embargo, los sectores más beneficiados por el TLCAN fueron el automotriz, las grandes empresas extranjeras con inversión en México, y un segmento agrícola empresarial mexicano adaptado a la lógica del mercado exterior, incluso, para el año 2013 80 por ciento de los principales productos de agroexportación (jitomate, aguacate, fresa, frambuesa, melón, mango, etcétera) y algunas industrias derivadas (tequila, cerveza, etcétera), estaban en manos de empresas extranjeras. El TLCAN, en suma, fue punta de lanza de la política económica neoliberal y, bajo ninguna circunstancia, benefició a la economía mexicana como se prometió.
Llama la atención el capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual del T–MEC, en lo referente a la “Protección de las Obtenciones Vegetales” (las semillas), sustentado en su artículo 20.7: Acuerdos Internacionales, numeral 2, inciso (d). Cada Parte deberá ratificar o adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1991 (UPOV–91). Este artículo tiene su antecedente en el TLCAN: Capitulo XVII. Propiedad Intelectual, numeral 2, que, a la letra, señala: “Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las Partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas del UPOV–91. Con ello, el T–MEC, con su antecedente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obliga a México a seguir adherido al UPOV, mejor conocido por las organizaciones sociales que resisten a los transgénicos, como Ley Monsanto, que no es sino “privatizar las semillas” y concentrar su propiedad en monopolios trasnacionales.
La UPOV, de la que nuestro país es miembro desde 1997, es una organización intergubernamental, creada en París en 1961, con sede en Ginebra, Suiza y ratificada por 72 países. Su misión es proteger las obtenciones vegetales, es decir, las semillas, mediante un derecho de propiedad intelectual. A través de la UPOV, se busca legalizar la patente de la vida, organismos vivos, plantas de todo tipo, y productos alimenticios, siendo las “dueñas” de las patentes las únicas autorizadas para utilizar libremente las semillas. Las semillas nativas son herencia de los pueblos originarios y un regalo a la humanidad, de manera que privatizarlas es mercantilizar la vida.
Pero, sobre todo, en esas circunstancias nuestro país difícilmente podrá superar su dependencia alimentaria, además de correr elevados riesgos de contaminación de su biodiversidad y patrimonio genético por transgénicos.