Domingo, noviembre 3, 2024

El salario mínimo: una prueba de laboratorio

“[…] un puesto de trabajo no puede costar más de los ingresos que genera”.

 Hans Kung

En el mes de diciembre de 2019, se ha fijado el aumento al salario mínimo de un 20% para el próximo año de 2020. La información oficial se desborda en halagos respecto a dicho aumento; se sostiene que el gobierno y la iniciativa privada coincidieron en las bondades del aumento y, así, una innumerable serie de benevolencias que provocará dicho aumento. Sin embargo, la historia de los últimos años demuestra los efectos negativos al respecto de incrementos súbitos como éste. Desde luego que todo parece ser demasiada coincidencia entre el referido aumento del salario mínimo en México y la autorización del T-MEC por el gobierno de los Estados Unidos de América, particularmente, en manos de su poder legislativo. Todo da a entender que dicho aumento del salario mínimo proviene de la presión externa a México para poder autorizar dicho nuevo tratado comercial.

Desafortunadamente, la historia reciente, en particular en México, sostiene que los incrementos súbitos (en particular, los del salario mínimo) provocan inflación y, con ello, mayor pérdida adquisitiva de las clases medias y bajas. Adicionalmente, se trata de una invitación al desempleo, pues los empleadores ven con cierto rechazo la posibilidad de contratar a más personal para sus proyecciones, pues el aumento del salario no se resume simplemente en él, sino que tiene un efecto multiplicador y, adicionalmente, aumenta el impuesto sobre la renta por el salario percibido de los trabajadores; así mismo, incrementa las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT; además del impuesto sobre nomina estatal. Por ello es que los aumentos, en particular, súbitos de los salarios mínimos provocan un aumento en la tasa de desempleo y, paradójicamente, al resultar más costoso el hecho de contar con trabajadores, esta medida provoca un estímulo, para las empresas, de incentivar los esquemas de elusión de las cargas impositivas, como es el caso de la terciarización, llamada comúnmente como outsourcing.

Así, resulta paradójico que lo que el gobierno federal pretende combatir (es decir, las denominadas outsourcing), con este tipo de  medidas provoca lo contrario: impulsar y estimular esa actividad, muchas de las veces llevada a cabo en forma ilícita. Por eso es que no son suficientes todas las medidas que se están implementando actualmente; sobre todo las de represión, incremento de penas y multas, procedimientos de fiscalización, etc., si no van acompañadas de una reforma fiscal sustantiva; esto es, que verse sobre el costo de los impuestos para los empleadores y, principalmente, que disminuya las cargas impositivas. De lo contrario, el aumento al salario mínimo, por simple decreto como ha sucedido siempre, resulta insuficiente para combatir esos esquemas de elusión fiscal. Además, resulta inimaginable para muchas de las realidades de los negocios en México hacer frente a ese aumento del 20%, ya que cada día se ven más asfixiados por las grandes empresas, que se han dedicado a absorber el mercado nacional de cualquier giro comercial, industrial o de prestación de servicios. En definitiva, ese aumento al salario mínimo puede no resolver ningún problema y, por el contrario, agudizarlo.

Lo cierto es que el aumento al salario mínimo da la impresión de ser una imposición internacional a México, en principio, por el ya comentado T-MEC y su autorización en Estados Unidos de América, y, en segundo lugar, para que el sistema mundial tome a México como un estudio de laboratorio y conocer qué efecto económico puede tener el aumento del salario respecto del control que se ha tenido en los últimos años de la inflación. Si se recuerda, prácticamente desde los tiempos de la presidencia de Zedillo, se sentaron las bases jurídicas para el control de dicha inflación después de la crisis económica de diciembre de 1994 (llamado el “efecto tequila”), que tuvo efectos para muchos países de América latina. Con esas bases, los siguientes sexenios, muy a pesar de sus torpezas, mantuvieron controlada la inflación. Sin embargo, en el próximo año de 2020, la economía mexicana será una verdadera prueba de laboratorio respecto del efecto inflacionario. El problema de ese laboratorio es que experimenta con seres humanos: la población será parte de esos resultados de laboratorio.

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