Recientemente se ha comenzado a reconocer el acceso al agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para las múltiples formas de vida, incluida la humana. Se trata, entonces, de considerar al agua como un patrimonio de la sociedad, un bien nacional de uso público estratégico para el bienestar social, cuyo manejo deberá ser asumido por el Estado bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, evitando su acaparamiento y privatización, tanto del líquido como de sus fuentes de abasto; considerada patrimonio social, el agua debe ser protegida y preservada para hoy y el futuro; asimismo, el agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir manteniendo sus ciclos vitales para su reproducción, ciclos que de no respetarse conducen a su degradación.
La trascendencia de esta visión del agua, es múltiple, pues en tanto derecho humano fundamental, se supera la visión mercantil del agua y se recupera la de “usuario”, es decir, la del ciudadano y de la ciudadana con derecho al agua, en lugar del “cliente”, que se refiere solo a quien puede pagar el líquido que necesita; en tanto patrimonio social, se trata de proteger a las generaciones futuras, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado, la ganancia y la especulación; por otra parte, en tanto bien nacional estratégico, se rescata el papel del Estado en el otorgamiento de los servicios de agua; a su vez, en tanto componente de la naturaleza, se reconoce la importancia del agua como esencial para la vida de todas las especies, que hacia allá apuntan los derechos de la naturaleza, una de las principales víctimas del cambio climático, problema que se agrava constantemente. Hace unos días, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, alertaba sobre los efectos depredadores ocasionados por el rápido avance del cambio climático: “El planeta está ‘roto’, la humanidad está en guerra contra la naturaleza y esto es suicida, pues ella siempre devuelve el ataque y lo hace con creciente fuerza y furia”.
En México, se produce, y avanza también rápidamente, el proceso del cambio climático y uno de los efectos de tener más calor en el país se vincula con el agua. El problema adquiere su verdadera magnitud, si recordamos lo que se dijo el lunes pasado con motivo del Día Mundial del Agua: “El 83 por ciento del país padece algún grado de sequía”. Pero la problemática no termina ahí, ya que el 70 por ciento de las concesiones de agua están acaparadas por tan sólo 2 por ciento de los usuarios lo que provoca una constante y creciente disputa por el líquido, hay al menos 41 millones de personas que carecen de ella diariamente y todavía hay 8.5 millones que no tienen conexión a la red de agua potable. En fin, concluye Iván Restrepo (“México se calienta y le falta agua”, La Jornada, 22/03/21: 20): “Este vital elemento cada día es más escaso en muchas partes de México; está contaminado, continúa el deterioro ambiental en las 300 cuencas hidrográficas más importantes; los acuíferos están sobreexplotados…Hay conflictos en el campo por el agua y escasea en los centros urbanos. Los sistemas de abastecimientos de las principales ciudades están por debajo de la demanda…” y según algunos especialistas, concluyen en que en 2030 la escasez será un problema de extrema gravedad en todo el país.
El estado de Puebla no escapa a la situación que se generaliza en el país. Un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), titulado Calidad del agua superficial en México, concluye que “Más de 80 por ciento de los 95 sitios de monitoreo de la calidad del agua en el estado de Puebla, que incluye ríos, cuencas y presas, se encuentran en semáforo rojo por ‘fuerte contaminación’ y ‘contaminación’ provocada por la presencia de altas concentraciones de metales pesados, químicos tóxicos y materia fecal” (Yadira LLaven, La Jornada de Oriente, 22/03/21: 7). Es decir, toda el agua de nuestra entidad está contaminada, lo que dibuja un difícil panorama para satisfacer las necesidades crecientes del líquido y habrá que tomar ya las medidas pertinentes.
Pero con todo y la gravedad de esta situación que debe ser una preocupación de toda la sociedad y no solamente del gobierno, este problema no es el único. Bajo los gobiernos neoliberales, se intensificó la disputa por el agua, pues argumentando eficiencia y reducción de tarifas se generalizaron los actos privatizadores que, en esencia, significan someter el interés público al interés privado. La privatización más cercana a nosotros, fue la privatización del agua en favor de “Agua de Puebla, para todos” (los que puedan pagarla, apostillamos), empresa mercantil con fines de lucro, que sencillamente suspende el acceso al agua a quienes no pagan las tarifas establecidas en razón de los intereses privados, poniendo por delante la rentabilidad que define dónde y cómo invertir, dónde y cómo dar servicios y en dónde no.
Sin duda, es necesario encarar de inmediato este problema y tomar ¡ya! las medidas pertinentes, aunque se amparen los empresarios y haya solícitos jueces siempre dispuestos a servirles.