El principal ordenamiento para la zona de riesgo por erupción debe ser el del gobierno, coincidieron los académicos participantes del último día de actividades del XIV Simposio de Investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) el pasado viernes.
En sus ponencias, los científicos de ciencias de la tierra y sociales destacaron las contradicciones entre planes que prohíben el crecimiento de asentamientos humanos en la zona de peligro, como el Ordenamiento Territorial hecho por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP (Cupreder) y el Plan Integral Morelos, el cual, con el gaseoducto alimentador de la termoeléctrica de Huexca y por la posibilidad de que se le hagan ramales, alienta en los hechos la actividad industrial y la construcción de áreas habitacionales.
Los académicos también criticaron el discurso oficial que frente a la prevención de un desastre privilegia las inversiones privadas o pretexta altos gastos del erario, en vez de colocar como prioridad la protección de la población.
Coincidieron en que el deterioro del agua, la tierra y los ecosistemas derivados de ellos es crítico y obliga a tomar acciones rápidas, pero sobre todo concertadas y coordinadas, para lograr efectividad.
La jornada del viernes inició con la ponencia virtual del investigador Jorge Macías Sámano y la intervención de José Villa Castillo, director del Parque Nacional del Nevado de Colima, quienes coincidieron en advertir que en los parques nacionales no se deben practicar acciones de saneamiento contra insectos descortezadores, pues en los hechos los troncos que son atacados por esos animales tienen diversas funciones en el ecosistema.
En la mesa Desafíos hídricos y gestión sostenible del agua, Eloísa Guerra Hernández, presidenta de la Red de Investigadores del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (REDIIP), y el geólogo Joel Gutiérrez expusieron los factores industriales y urbanos que contribuyen a la contaminación de ríos, mientras que Aleida García Morales y Cristina Rodríguez Valencia, representantes de la comunidad de Tepetlixpa, estado de México, relataron cómo su comunidad enfrenta la sobre explotación de pozos y la actividad de “huachicoleros” del agua que saquean el recurso para venderlo en pipas a otras poblaciones.
Elena Burns Stuck, quien el sexenio pasado fue subdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que en este momento las contralorías autónomas están generando los consensos para lograr la ley ciudadana que se propuso a fin de garantizar el acceso al líquido como un derecho humano, pero también a fin de que haya una efectiva representación social en el organismo, porque los empresarios están definiendo en los hechos la distribución del líquido en el país.
Carlos Vargas Cabrera, quien ha participado en el rescate del Lago de Texcoco, explicó cómo funcionan las Contralorías Autónomas del Agua y la necesidad de una ley que garantice el derecho humano al líquido.
Un ejemplo de las contradicciones en las que puede incurrir la oficialidad lo expuso Alejandra López, investigadora Cupreder quien expuso cómo sobre el Popocatépetl se han establecido al menos tres esquemas impulsados por el gobierno para la zona: el primero fue la declaratoria de Área Natural Protegida para el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en seguida el Ordenamiento Territorial ante el riesgo volcánico y el tercero es el Plan Integral Morelos, que impulsó el gaseoducto para alimentar la hidroeléctrica de Huexca.
Mónica Olvera, investigadora del mismo centro, expuso cómo se está configurando el escenario de desastre en la zona.
A la hora de hacer las conclusiones del acto, Aurelio Fernández Fuentes, director del Cupreder, propuso la creación de una secretaría de planeación que aglutine los trabajos y esfuerzos que se están haciendo para prevenir desastres por parte de la gente, la academia y el gobierno:
“Se nos viene la desgracia encima, yo creo que este encuentro debe exigir que ponga el ejemplo el gobierno federal para empezar y decir ‘vamos a coordinarnos’, tiene que haber una secretaria de planeación nacional para coordinarnos frente al peligro”.
Presente en el Paraninfo, Enrique Guevara Ortiz, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dijo que hay experiencias de efectiva coordinación en la materia y puso como ejemplo: “Hay un comité que ha funcionado bastante bien para la manejo integral de las cuencas del (río) Grijalva, después de las inundaciones del 2022 y lo preside la Comisión Federal de Electricidad, pero está participando a nivel estatal de dirección de Protección Civil, la Comisión Estatal del Agua y a nivel federal prácticamente todas las dependencias del gobierno federal y creo que ha funcionado muy bien. A mí no me gusta decir que hay áreas de oportunidad, pero también hay ejemplos de buenas prácticas y el manejo integral de la cuenta del Grijalva es un ejemplo de una buena práctica de armonización entre políticas públicas.
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