El paquete fiscal 2020, más de lo mismo

El secretario de SHCP, el domingo 8 de septiembre, cuando presentó el Paquete Económico a la Cámara de Diputados, dijo que “es un presupuesto realista y responsable para que así lo perciban los mercados”. Y añadió que el superávit primario (el balance fiscal que excluye el pago del servicio de la deuda) será de 0.7 por ciento del PIB, “como lo sugirieron las calificadoras”. Ello evidencia que los que trazan la política económica en el país son los mercados y las calificadoras internacionales, demostrando que el país no tiene manejo soberano de política económica para que ésta responda a los requerimientos de empleo, crecimiento agrícola e industrial y bienestar que demanda la población.

Se nos dice que los principios en que se sustenta el Paquete Económico es que “contribuya a la estabilidad macroeconómica y a la certidumbre económica”. Es el mismo discurso que venimos escuchando desde que Pedro Aspe era secretario de Hacienda y por más supuesta estabilidad macroeconómica no hay crecimiento, ni certidumbre para que el sector productivo incremente la inversión en dicho sector. El beneficiado de dicha política ha sido el sector bancario–financiero, lo que nos ha llevado a crecer cada vez menos y a acentuar la desigualdad de la riqueza en el país.

Se insiste en la disciplina fiscal y en la sustentabilidad de la deuda pública, y no reconocen que la austeridad fiscal atenta sobre el crecimiento económico y no configura condiciones de pago y la deuda sigue.


Se mantiene el principio neoclásico de que el ingreso presupuestario es el que determina el gasto público, y de ahí que primero se discute en el Congreso la Iniciativa de Ingreso, para después determinar la asignación del gasto público. Una cosa que no reconocen nuestras autoridades, es que el gobierno recauda lo que gasta. Al gastar menos, disminuye el ingreso de empresas e individuos, por lo que el gobierno termina recaudando menos, de ahí la caída de los ingresos tributarios por ISR y por IVA manifestados en lo que va de 2019, por lo que prosigue el déficit fiscal.

Un gobierno soberano que tiene control de la moneda, no tiene restricción financiera para gastar. Un gobierno puede adquirir con su moneda todo lo que se venda en su moneda. Los límites del gasto están dados por la capacidad productiva existente para satisfacer dicho gasto. La economía nacional tiene capacidad ociosa, mano de obra desocupada, lo que permite incrementar el gasto sin generar presiones inflacionarias, debido a que habría capacidad productiva para satisfacer el mayor gasto público sin generar presiones inflacionarias y sobre importaciones. Y ello no lo entienden las autoridades hacendarias y los que toman decisiones en el país.

La política fiscal restrictiva de fuertes recortes al gasto e inversión que se instrumenta, atenta sobre la capacidad productiva, por lo que menos condiciones se tiene para satisfacer la demanda que pueda generar un mayor gasto público, lo que refleja que hemos caído en un círculo vicioso, donde tenemos menos crecimiento potencial que limita la capacidad de gasto, de generación de empleo, de incremento salarial, lo que nos conduce a una crisis económica, política y social.

Se insiste en los objetivos de fortalecer el bienestar social y el empleo, y el problema es que no se ha incrementado el empleo formal y los programas sociales instrumentados no han mejorado la distribución del ingreso. Si ello hubiera acontecido, tendríamos crecimiento económico y el problema es que la economía va a la recesión.

Se pone como objetivo la Seguridad y de ahí que el presupuesto a la Función Pública se incrementará en 56.5 por ciento en 2020. El problema es que no se erradicará la delincuencia y violencia en el país a través de mayor presupuesto a las fuerzas del “orden”. Mientras continúe el desempleo, el subempleo y los bajos salarios, proseguirán tales problemas y la política económica no se encamina a encarar de raíz dichos problemas.

Es inconcebible que en el Presupuesto de 2020 se contemplen recortes a la Secretaría de Agricultura por 31.8 por ciento, a la de Comunicaciones y Transportes por 33.3 por ciento, a la de Desarrollo Agrario y Territorial por 43.7 por ciento, a la de Turismo por 44.7 por ciento. La inversión física disminuirá en 5.4 por ciento. Se reducirán las transferencias (Participaciones y Aportaciones) a las entidades federativas, obligándolas a recaudar más, como si fuera posible aumentar la recaudación en un contexto de contracción del ingreso de empresas e individuos.

El Paquete Económico espera un incremento en los ingresos tributarios de 2 por ciento real respecto a 2019. No toman en cuenta que la recaudación tributaria caerá en 1.6 por ciento en 2019, justo por la caída del ingreso de empresas e individuos, como consecuencia de la austeridad fiscal. Según la SHCP, la economía crecerá entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento en 2020, lo que aumentará la recaudación tributaria. El problema es que con ese Presupuesto fiscal y las altas tasas de interés existentes, la economía nacional no tiene perspectiva alguna de crecer, ni el próximo año y los siguientes, por lo que no aumentará la recaudación tributaria, ni lograrán las condiciones de pago de la deuda. Ello evidencia que se equivocan los mercados, las calificadoras y los de la SHCP en creer que la austeridad fiscal genera condiciones de crecimiento y de pago.