Por más que sea correcta su actuación en exponer la inconstitucionalidad del cobro de parquímetros en el Centro Histórico de la capital, no deja ser sorpresivo y sospechoso que el ombudsman José Félix Cerezo Vélez haya abandonado el marasmo que le ha caracterizado en los últimos tres años y 11 meses en que ha estado al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) y ha guardado un silencio cómplice frente al desmedido crecimiento de la violencia en la entidad y los abusos del poder político.
La explicación a ese inusual comportamiento de José Félix Cerezo parece obedecer a que exactamente dentro de un año se renovará la presidencia de la CDHP y el actual funcionario, intentaría ser reelecto en esa responsabilidad y cumplir un segundo cuatrienio al frente al organismo.
Una posibilidad que estaría buscando es que no haya una nueva elección de la cabeza de la CDHP, sino que en los meses de julio o agosto del próximo año el Congreso local pudiera aprobar un refrendo del cargo que ostenta, para lo cual solamente necesita una mayoría simple de los diputados locales.
En ese sentido, pareciera que el ombudsman empieza a estar “en campaña” para hacer ruido, para hacer notar su presencia y de esa manera pudiera ser reelecto en 2024, un año en que todas las fuerzas políticas estarán enfocadas en la sucesión gubernamental, menos en mejorar y avaluar el mediocre desempeño de la CDHP, que se ha convertido en un organismo de ornato que no cumple su función primordial de denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos en el estado.
Y una forma que ha encontrado José Félix Cerezo para promoverse es utilizar el controvertido tema del cobro de parquímetros en el centro de la ciudad de Puebla.
Es adecuado –desde el punto de vista formal– que la CDHP haya impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las anomalías que hay en el servicio de estacionamiento en los espacios públicos de la zona céntrica de Puebla, pues es su responsabilidad cuidar que los ordenamientos legales no violen los derechos humanos de la ciudadanía.
Dicha acción de la CDHP permitió que la SCJN declarara inconstitucional el cobro del parqueo que impuso el ayuntamiento de la capital.
Lo que resulta ser una falta de ética es que este asunto lo esté manipulando la CDHP no para combatir los abusos oficiales, sino para beneficiar los intereses personales del ombudsman.
¿Por qué suponer que la CDHP está actuando de una manera facciosa? Solo hay que revisar los siguientes criterios:
José Félix Cerezo emprende un fuerte cuestionamiento contra un servicio que ofrece el ayuntamiento panista de la capital, pero en contraste no objeta nada de la actuación de los gobiernos de Morena, mismos que no son tocados “ni con el pétalo de una rosa”.
Nunca se ha conocido –en los últimos cuatro años– que la Comisión de Derechos Humanos emita alguna recomendación de peso en contra del Poder Ejecutivo estatal. Por una razón elemental: no se mete con Morena, que tiene mayoría en el Congreso local, pero si con un ayuntamiento panista, pues al final el partido de la derecha es una minoría en el ámbito legislativo.
Ese trato diferenciado le sirve a José Félix Cerezo no poner en riesgo su reelección.
Desde esta perspectiva, el cuestionamiento que hace el ombudsman contra los parquímetros acaba siendo una especie de bravuconada, es decir una actitud de un falso valor frente a la violación de los derechos humanos en el estado de Puebla.
El ombudsman nunca ha sido una voz crítica frente al crecimiento de la violencia delictiva e institucional en la entidad.
Son muchos los abusos que cometen las policías municipales, así como las corporaciones estatales de seguridad pública, sin que nunca se vea una intervención de la CDHP para denunciar el mal funcionamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir los delitos.
Varios de los penales de Puebla son los que tienen mayor hacinamiento y falta de programas de reinserción social en el país. Al respecto, fuera de algún documento que detalla los problemas que ocurren en las cárceles poblanas, no se percibe un involucramiento de la Comisión de Derechos Humanos para exigir una corrección de las anomalías cotidianas del sistema penitenciario estatal.
Un ejemplo claro es el siguiente: hace un par de año, el entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, expuso que ordenó la destrucción del llamado “Ranchito” en el penal de San Miguel, que era un área en donde se comercializaba sexoservicio, drogas y alcohol entre los reclusos de esa prisión.
El mandatario reconoció que la primera vez que lo pidió lo engañaron diciéndole –por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública– que habían acabado con dicha zona de privilegios, lo que no ocurrió. Fue hasta que el mandatario intervino directamente, que se logró demoler los locales en donde se traficaban servicios y mercancías ilegales.
Frente a ese tema, nunca se percibió a la CDHP denunciando la existencia del “Ranchito” en el penal de San Miguel, que es el más importante en todo el territorio poblano.
Ni tampoco observando que Barbosa había ordenado la destrucción del “Ranchito” y que lo habían ignorado, pese a que la CDHP se supone que tiene un programa permanente de vigilancia de los penales.
Los que conocen el funcionamiento de la CDHP narran que serían constantes las ausencias de José Félix Cerezo de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, pues al final es un organismo que pasa desapercibido para todo mundo. Nadie nota sus inasistencias.
Y quien realmente arregla los problemas en el organismo es Jessica Calderón García, quien es la tercera visitadora de la CDHP.