Saskia Sassen, socióloga recién reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, ha planteado desde hace varios años que el sistema capitalista financiero funciona gracias a las lógicas de expulsión de población sobrante. Es decir, la oligarquía transnacional se beneficia de las poblaciones sobrantes, de las que también ya han hablado Bauman y Beck, entre otros autores, en diversos textos, y que ya no son incluidas precariamente como parte del funcionamiento de este sistema, sino que ahora se trata de echarlas fuera. Las poblaciones migrantes son un ejemplo claro de ello, y las políticas que actualmente se definen en diversos países tienen que ver con estas lógicas de expulsión.
Hoy en día se discute la reforma migratoria en Estados Unidos, que como sabemos se concentra en tres grandes ejes: las migraciones pasadas (propuesta de residencia y ciudadanía), las migraciones futuras (cambio en el sistema de visas y diseño de programas de empleo temporal) y la última, que además es un requisito fundamental para que se acepte la reforma migratoria por la Cámara Baja: el aumento en la vigilancia de la frontera. El primer eje funciona como un generador de esperanza para la población que ha anclado sus sueños en Estados Unidos. Jóvenes que quieren seguir estudiando, padres que quieren estar con sus hijos, hijos que quieren estar con sus padres, todos ellos quieren dejar atrás el fantasma de la deportación. El segundo limita las posibilidades de migración temporal de mano de obra no calificada y da la bienvenida sobre todo a la migración profesional o calificada, al aumentar el número de visas para esta categoría.
En el lado oscuro de esta reforma se cumplen los peores presagios de Sassen, la consolidación de lo que ella llama la weaponized border. Entre las más de 300 enmiendas presentadas a esta propuesta de reforma aprobada por la Cámara de Senadores destacan tres, presentadas dos de ellas por el senador John Thune, republicano de Dakota del sur, y otra más por Rand Paul, senador republicano de Kentucky. Palabras más palabras menos, las tres enmiendas buscan que antes de otorgar el estatus dentro del Registro Provisional de Inmigrantes a cualquier indocumentado se debe concluir la construcción de 350 millas de doble muro reforzado en la frontera y que antes de otorgar residencia permanente se deben haber completado 700 millas del mismo tipo de muro. Se propone el retraso del estatus del Registro Provisional hasta que los gobernadores de los estados fronterizos aprueben la estrategia federal de la frontera y certifiquen que ha sido substancialmente implementada. Se establece la necesidad de aumentar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes contra indocumentados. Además, se incluyen requerimientos como detención obligatoria para todos los procesados por autoridades migratorias. Esta frontera “armada” se complejiza en el contexto actual con la extrema violencia en esta franja territorial y que es sufrida por los migrantes que intentan cruzar por ella. Sabemos que el crimen organizado en sus diferentes versiones (Trata y tráfico de personas; drogas y armas) controla gran parte de los cruces fronterizos de nuestro país; cobra por el derecho de paso y obliga a los migrantes a pasar sus mercancías, además de los asesinatos, violaciones y abusos físicos y emocionales que sufren..
Este muro, además, contribuirá, como la historia lo ha mostrado, a reforzar el imaginario social con respecto al migrante criminal, que se ha enraizado en la sociedad conservadora estadounidense desde el 9/11. Un camino largo le espera también a los migrantes legalizados para obtener también el respeto de una sociedad profundamente racista y conservadora.