En su visita a la ciudad de Puebla, donde ayer jueves encabezó la mesa de seguridad, la conferencia mañanera y el desfile cívico–militar, el titular del Ejecutivo federal condenó que desde los gobiernos federales y estatales anteriores permitían la impunidad y se beneficiaban de las ganancias que les daban las bandas huachicoleras.
En la mañanera, López Obrador refirió que hoy persisten las tomas clandestinas a los ductos de gas licuado de petróleo que cruzan por Puebla donde están involucradas grandes empresas, desde luego ilegales, influyentes, que piensan que van a actuar con impunidad.
Suponemos que se están integrando las investigaciones que permitan frenar dicho robo y sancionar a las empresas que se benefician de esa ordeña, generando entornos de violencia, asociadas a bandas delincuenciales y un riesgo altísimo para la población asentada sobre ductos o cercanos a ellos. No olvidamos la última tragedia a finales de octubre de 2021 en San Pablo Xochimehuacan, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, otras más lesionadas y una amplia zona afectada, donde muchas familias perdieron sus viviendas.
El robo de combustible no sería posible sin el contubernio de personal de Pemex y una amplia red de distribución que coloca el combustible robado, con la protección de autoridades locales y elementos de seguridad pública que brindan protección. Un entramado difícil de deshacer, más aún cuando hay una parte de la sociedad de algunas localidades involucradas, generando entornos de mucho riesgo, como es la zona del denominado “triángulo rojo”, donde se han detectado más tomas clandestinas.
Si bien han existido avances y se ha frenado en Puebla el robo de gasolina, las bandas huachicoleras se han desplazado al robo de gas y si bien hay 217 personas detenidas desde 2018 a la fecha, el robo persiste, para lo cual seguramente el siguiente paso estará relacionado con procesos para sancionar a esas “grandes empresas” a las cuales hoy se hacía referencia.