Tema polémico el fuero constitucional y más cuando el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, anticipó que en cuanto asuma el poder presentará una iniciativa ciudadana al Congreso del estado para consolidar los poderes y regresar el fuero constitucional a los diputados locales.
El fuero constitucional es un privilegio que se otorga a determinados servidores públicos para protegerlos de acusaciones sin fundamento, y que les permite ser juzgados a través de procedimientos especiales. Ese beneficio se enfrenta a la protección que pueden tener aquellos que gozan de fuero, frente a una serie de ilícitos y actos de corrupción que pueden cometer.
En Puebla, el 8 de julio de 2020, el pleno de la LX Legislatura del Congreso del estado, en sesión ordinaria virtual, aprobó por mayoría de votos en lo general reformas a la Constitución Política de Puebla en materia de eliminación del fuero constitucional. Parte del debate a nivel nacional y estatal tuvo que ver con actos ilegales y de corrupción de la clase gobernante, gozando de impunidad y manteniendo sus privilegios.
El argumento del próximo gobernador enfatiza el papel de los diputados locales como contrapeso del Poder Ejecutivo, por lo que deben contar con fuero, para garantizar que asuman posturas críticas contra el gobierno del estado y no sean perseguidos políticamente, lo que estaría en concordancia con el artículo 61 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, a pesar que el artículo 13 dispone que “… ninguna persona o corporación puede tener fuero…”.
Los argumentos que se han vertido en las discusiones para retirar o mantener el fuero siguen vigentes, frente a la percepción ciudadana de que el fuero sirve para proteger a aquellos que lo ostentan, funcionarios y legisladores, pertenecientes a una clase política, de una serie de hechos ilícitos y de corrupción por los que deberían ser penalizados.