Las dirigencias nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron ayer algunos de los pormenores de las múltiples irregularidades y delitos acontecidos durante la jornada comicial del domingo pasado, entre las que destaca el uso de la Policía Estatal y de cuerpos de seguridad municipal para proteger a personeros de la Coalición Puebla Unida que compraban votos y amedrentaban a ciudadanos.
Lo visto en la elección de este 7 de julio no deja lugar a dudas sobre la grave descomposición que hay en el sistema electoral mexicano, en el que la ley y las garantías de certeza son lo último que importan, pues priman la trampa, la coacción y compra de sufragios, amén de otras prácticas antidemocráticas.
Diversos analistas y observadores han advertido que el domingo se exhibió sobre todo una ciudadanía que no se ve convencida por las opciones políticas existentes y deja que los partidos sin vocación democrática decidan la repartición del poder mediante la movilización de sus estructuras, lo que nos coloca nuevamente en un estadio que parecía haber estado superado: el del voto corporativo.
Es en verdad preocupante el deterioro que tiene el sistema electoral, porque va empujando dramáticamente a muchos grupos sociales a buscar opciones distintas a las institucionales para hacer saber sus legítimas exigencias o para conseguir los bienes que necesita, debido a que los cauces supuestamente democráticos no son tales y sólo abonan al actual estado de cosas, que es el de satisfacer los apetitos personales de los poderosos.