Facundo Rosas Rosas, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio del finado exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, emprendió un juicio de garantías para no ser detenido, pues temería ser involucrado en las pesquisas que la Fiscalía General de la República (FGR) que se siguen a su amigo Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Entre otros asuntos, Rosas Rosas es uno de los responsables de la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014 -que saldó con el asesinato del niño de apenas 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y cientos de heridos, algunos de los cuales quedaron con atrofias permanentes del habla y de la vista-, amén de que durante su gestión Puebla ocupó siempre el primer lugar en robo de hidrocarburos y asalto a trenes.
La Jornada dio a conocer que el ex comisionado de la Policía Federal, promovió ante un juez federal en la Ciudad de México, un juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, orden de aprehensión, prisión preventiva o cualquier medida cautelar que haya librado algún juez de control a petición de autoridades judiciales.
El Juzgado Cuarto de Distrito de amparo en materia penal del primer circuito aún no acepta el recurso a trámite, ya que le dio un plazo de cinco días a partir de su notificación para que aclare y precise a qué autoridades responsables va dirigida la demanda y los actos que les atribuye.
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, deberá indicar de manera clara y cronológica los antecedentes de cada uno de los actos que pretende reclamar, de no hacerlo, el juez le advirtió que se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
Facundo Rosas fue uno de los hombres más cercanos al ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón.
En diciembre 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que se investigaba una triangulación de recursos públicos por 2 mil millones de pesos, que salieron de las arcas de Gobernación hacia una empresa y a otra compañía propiedad de familiares de García Luna. En ese entonces, explicó que la indagatoria se amplió no sólo a seis cuentas bancarias vinculadas a García Luna, sino a cinco ex funcionarios cercanos a quien hoy está preso en Estados Unidos, acusado de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, falso testimonio y participación en una organización criminal.