La tarde de ayer el defensor del territorio en la zona de Cholula y los volcanes, Alejandro Torres Chocolatl quedó libre de las tres imputaciones falsas que le hizo desde 2020 la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), por su oposición a un colector del Parque Industrial de Huejotzingo que contaminaría el río Metlapanapa.

Miriam Huerta Lechuga, titular del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditar las acusaciones por ataques a las vías de comunicación, seguridad en los medios de transporte y obstaculización de obra pública que le hizo el Ceaspue a Torres Chocolatl.

A lo largo de la diligencia se evidenció que la supuesta investigación que hizo la FGE se basó sólo en declaraciones de cuatro empleados del organismo acusador y que no se aportó una sola prueba para sustentar sus señalamientos sobre Torres Chocolatl, una chicana que fue muy utilizada en el sexenio que encabezó el fallecido ex gobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas, para fabricar delitos y perseguir a sus adversarios, opositores, disidentes y críticos, como fue el caso, por ejemplo, de Enedina Rosas Vélez, la valiente campesinas que lideraba la oposición al Gasoducto Morelos.

En el caso de Torres Chocolatl el Ministerio Público judicializó una carpeta fundada en la acusación que hizo el analista de la Ceaspue, Humberto Maldonado Montiel, el intendente del organismo, Federico Barrera Roldán, y el trabajador del instituto, Javier Ernesto Luna, y que secundó, sin haber siquiera atestiguado los hechos Norma Flores.

Las inconsistencias comenzaron desde que el agente ministerial, Elías Andrés Gómez Ramírez, que interrogó a los supuestos testigos, ni siquiera incluyó sus identificaciones y placa en el expediente de indagatorias.

Luego, el principal acusador, Humberto Maldonado Montiel, en sus primeras dos entrevistas ni siquiera había mencionado a Alejandro Torres Chocolatl ni a Miguel López Vega -que también fue liberado en otro juicio por la mismos hechos de los delitos contra la seguridad en los medios de transporte y obstrucción de obra pública- y fue hasta la tercera ocasión en que  señaló a ambos, diciendo que ellos instigaron a la protesta contra el colector del Parque Industrial de Huejotzingo, el 30 de octubre de 2019.

No solo eso: el propio Humberto Maldonado Montiel aportó a la Representación Social una memoria USB con videos y fotos que registraron la protesta a partir de las 17:00 horas, pero en sus decoloraciones dijo que la violencia se había desatado a las 2 de la tarde.

Además, el propio Maldonado Montiel declaró que fueron los policías y no los pobladores de Zacatepec quienes bloquearon la carretera Puebla–Huejotzingo, en un intento precisamente por evitar que los inconformes llegaran a las obras del colector. Fue así que los delitos de ataques a las vías de comunicación y obstrucción de obra cayeron por su propio peso.

Para finalizar, se evidenció también que ninguno de los declarantes que acusó a Alejandro Torres Chocolatl ni a su compañero Miguel López Vega podían sostener su dicho de que ellos fueron quienes presuntamente arrojaron “bombas molotov” a una camioneta del Ceaspue, por lo cual esa imputación también se vino abajo.

“Lo liberaron los pueblos”

A su salida de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Torres Chocolatl dijo que no sólo quedó clara su inocencia, sino que su victoria en tribunales es también un triunfo de las mujeres y hombres que defienden el territorio.

Acompañando al comunicador popular, María de Jesús Patricia Martínez “Marichuy”, vocera del Congreso Nacional Indígena, expresó que ante el embate de gobiernos y empresas, los pueblos, comunidades y organizaciones ni deben bajar la guardia y tienen permanecer unidos en la lucha.

Totaniuh Sarabia, uno de los abogados de Alejandro Torres Chocolatl, dijo que a este luchador social no lo liberaron de la persecución política sus representantes legales sino los pueblos que se unieron para apoyarlo y que se mantuvieron en movilización desde que se criminalizó al locutor de Radio Zacatepec y a su compañero Miguel López Vega.

Solidaridad y acompañamiento

Poco antes de las 11 de la mañana Alejandro Torres Chocolatl arribó a la Casa de Justicia de Cholula, acompañado de sus compañeros de lucha, quienes de inmediato desplegaron una lona para proteger a los asistentes del sol y tapizaron la fachada del recinto oficial con carteles y consignas exigiendo el cese de la persecución al también locutor de la radio comunitaria de Radio Zacatepec y los defensores del territorio y de los pueblos.

Estaban ahí las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), las Brigadas Internacionales de Paz, representantes de la Embajada de Finlandia, integrantes del Consejo Tiyat Tlali -que defienden el territorio en la Sierra Norte-, emisarios del pueblo otomí, los luchadores sociales de la región de Tehuacán y la Sierra Negra, Inti y Martín Barrios, el ambientalista, David Jímenez, miembros de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, profesores del Consejo Democrático Magisterial Poblano, antropólogos y economistas del Centro Rubén Jaramillo de Estudios sobre la Pobreza, entre otros.

Con micrófono en mano, Alejandro Torres Chocolatl demandó que el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, y el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, atiendan el exhorto que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia mañanera, el pasado 30 de marzo, para que se respetaran sus derechos humanos y garantías constitucionales, tal y como sucedió con su compañero, Miguel López Vega, quien fue imputado de la misma causa y fue declarado sin cargos tras la intervención presidencial.

Luego, expresó que nunca ha delinquido y que su único “pecado” ha sido defender los recursos naturales de sí territorio.

Alejandro Torres Chocolatl hizo también un relato pormenorizado de la irregular detención que sufrió el pasado 30 de junio a manos de agentes de cuatro agentes de la Policía Ministerial de Puebla, quienes sin mostrarle orden de aprehensión lo llevaron a la Casa de Justicia de Cholula, no lo presentaron ante juez o autoridad competente y luego lo liberaron en estacionamiento del inmueble público.