El próximo miércoles, con la presencia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se va a inaugurar la remodelación del edificio el Mesón del Cristo, el cual le fue quitado al empresario Ricardo Henaine –quien lo tenía en comodato y lo utilizaba como oficinas del periódico el Heraldo de Puebla– y se le entregó al Congreso para que la utilice como sede alterna.
La relevancia de este acto es que el año pasado fueron detectadas anomalías en la aplicación de 10 millones de pesos en la remodelación de ese edificio, entre las cueles se encontraba que la empresa contratada había reportado un domicilio fiscal en una casa abandonada, en una de las colonias más populares de la capital. Pese a que en su momento se anunció una investigación de este asunto, al final no pasó nada y tal parece que el asunto de las irregularidades quedará zanjado con el acto protocolario con que se reabrirá el inmueble de el Mesón del Cristo.
Más allá la anécdota de un acto de corrupción más del que se finge que va a ser investigado, lo que más se cuestiona es que este asunto ocurre en el Poder Legislativo local, que se supone tiene la función de fiscalizar el uso del erario en el estado de Puebla. Lo que pasó con el tema de el Mesón del Cristo es un indicativo de que los diputados no ejercen su papel de exigir cuentas claras y ordenar que se sancionen actos de corrupción.
Si los legisladores locales no fueron capaces de ser autocríticos y evitar abusos con el presupuesto del Congreso, queda claro que no tienen ni la voluntad ni la capacidad de frenar la corrupción o la negligencia con que se utilizan los recursos públicos en los ayuntamientos, el Poder Judicial y el gobierno estatal.