En el gobierno estatal de Morena se eliminaron partidas presupuestales destinadas a pagar múltiples privilegios a los diputados del Congreso local. Pese a ese espíritu de “austeridad republicana”, no se eliminaron por completo los excesos; prueba de ello es el fondo mensual conocido como apoyo legislativo, que asciende a 140 mil pesos y que pueden comprobar presentando cualquier tipo de factura.
Se estima que en los tres años de la LXI Legislatura (2021-2024) se han erogado alrededor de 206 millones de pesos por los 41 representantes populares, quienes deben justificar su manejo al área de contabilidad del Poder Legislativo; sin embargo, este oculta dicha información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde no existe un solo reporte del destino que recibió ese recurso público.
A la par, información extraoficial apunta hacia el uso irregular de la función de gestoría por parte de algunos legisladores que aprovechan el vínculo del Congreso con la Auditoría Superior del Estado (ASE), para promover la aprobación de cuentas públicas a los alcaldes a cambio de remuneraciones, mientras otros diputados relacionados con constructoras ofrecen a ediles su contratación, con el fin de recibir comisiones.
Los apoyos dependen del ánimo del gobernador
El apoyo legislativo se instauró en el Congreso de Puebla desde la LVIII Legislatura (2011-2014) para transparentar los beneficios adicionales al salario que los diputados de Puebla recibieron en periodos anteriores de manera discrecional, como el pago de enganches para la compra de automóviles y confección de trajes con cargo al erario, así como bonos por la aprobación de iniciativas y trato preferencial en el ISSSTEP.
Aunque el Congreso ha entregado ese fondo a los representantes populares durante 13 años, es decir, durante cuatro legislaturas, nunca se ha regulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni en el Reglamento del Congreso.
De acuerdo con información proporcionada por diversos legisladores y exdiputados consultados por La Jornada de Oriente, con la condición de que sus nombres no fueran publicados, la falta de regulación ha provocado que el apoyo se adapte al ánimo del gobernador en turno y que este esquema fracasara en la desaparición del resto de las prebendas, ya que se mantuvieron por lo menos hasta 2018 bajo la misma lógica: favorecer a los representantes populares afines al mandatario local y castigar a los opositores.
Por ejemplo, en la administración del exgobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) los diputados no solo tuvieron acceso al apoyo, sino que además recibieron bonos por debajo del agua a cambio de aprobar iniciativas que eran del interés del titular del Poder Ejecutivo local, a lo que se sumó el pago de telefonía celular, asignación de vehículos y servicio de estacionamiento próximo al palacio legislativo.
En el gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta (2018-2022) solo se mantuvo el apoyo, pero se duplicó al pasar de 70 mil pesos a 140 mil pesos.
El Congreso endureció la comprobación de ese recurso hasta 2023, ante la revisión que ordenó la ASE en octubre de ese año, en el marco del conflicto que encabezaron los legisladores y ese órgano fiscalizador que derivó en la renuncia de la entonces auditora Amanda Gómez Nava.
Más allá de ese episodio, el Legislativo no ha tenido problemas en las inspecciones que efectúa la auditoría superior, ya que ésta es vigilada por los propios diputados, quienes deciden si su titular se mantiene en el cargo o no.
La ley no obliga a los diputados a comprobar ese recurso
En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la única mención que se hace del tema se encuentra en la fracción IX del artículo 44 que habla de los derechos de los diputados, donde se señala que estos contarán con “el apoyo legislativo necesario para el desempeño de sus funciones”.
En tanto, el artículo 43 enlista las obligaciones de los 41 representantes populares, pero ninguna de éstas hace referencia a la comprobación del recurso público que en los hechos manejan.
La asignación y aplicación del apoyo legislativo tampoco se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a que el Congreso poblano está obligado a subir información detallada sobre los 304.9 millones de pesos que manejará este 2024 y el gasto que ejerció en años anteriores.
La única información que es pública son los 56 mil 242 pesos que entrega a cada legislador por concepto de remuneración.
Aunque el Congreso debería publicar el listado de personas a quienes les asigna o permite el uso de recursos públicos, no lo hace, bajo el argumento de que “no ha asignado recursos públicos a ninguna persona física o moral”.
¿En qué usan el apoyo legislativo?
Cada legislador decide cómo gastar esa bolsa de 140 mil pesos mensuales, adicionales a su sueldo neto de 56 mil pesos, pero regularmente se justifica en apoyos a la población, contratación de personal, sostenimiento a casa de gestión, así como la compra de equipo y materiales de oficina.
Algunos diputados detallaron que la única condición que les ha impuesto el Poder Legislativo es presentar facturas que soporten la aplicación de ese recurso, mientras otros aseguraron que basta con entregar firmas de las personas que resultaron beneficiarias de una gestión.
En caso de que el monto de las facturas sea inferior al monto del apoyo, los diputados deben regresar el dinero, aunque afirmaron que se han hecho excepciones con algunos integrantes de la bancada mayoritaria de Morena y de las fracciones aliadas a ésta del PT y PVEM.
Refirieron el caso de una diputada que al término de la LX Legislatura (2018–2021) no pudo comprobar alrededor de un millón de pesos, porque no contó con facturas para sustentar ese gasto y luego de muchos intentos habría llegado a un acuerdo para que el Poder Legislativo le solventará ese dinero y no tuviera que devolverlo.
Cada diputado manejó 5 mdp a lo largo de la Legislatura
Por los tres años que estuvieron en funciones, cada uno de los 41 diputados locales recibió por concepto de apoyo legislativo un estimado de 5 millones 40 mil pesos, lo que arroja un gasto total por toda la Legislatura de 206.6 millones de pesos.
Los legisladores consultados por este medio de comunicación argumentaron que el recurso es necesario, debido a que el Congreso solo mete en nómina a una persona de su equipo, por lo que ellos se hacen responsables del pago a los restantes.
Asimismo, arguyeron que ya no reciben los beneficios que se otorgaron en las legislaturas dominadas por el PAN y el PRI, incluida la entrega permanente de materiales de oficina y equipos de cómputo, de la que se tienen que hacer cargo.
En cuanto al servicio gratuito de estacionamiento, detallaron que ya no se encuentra en un área cercana al Congreso, sino en el Centro de Convenciones, ubicado a 10 calles de distancia del palacio legislativo, por lo que difícilmente lo emplean.