El Congreso del estado tiene la facultad de revisar el incumplimiento de contrato por la privatización del agua, en manos de la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla, como se le conoce por su razón social.
Así lo declaró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, luego de que se le preguntara sobre la postura vergonzosa que asumieron los diputados de la 4T, al solapar los abusos y las faltas al contrato por parte de la concesionaria.
“Los diputados tienen las facultades para hacer un análisis muy importante, que revisen perfectamente bien de lo que tiene que hacer y cumplir la empresa, de sus compromisos contractuales y evaluar qué es lo que se puede hacer”, declaró.
En entrevista, el mandatario estatal dijo que los diputados deben analizar la información que se dio a conocer durante la comparecencia del pasado miércoles a la que acudió el director de la empresa, Héctor Durán Díaz y el del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz.
Ante las denuncias ciudadanas que se han presentado en los últimos años, por los abusos de la empresa, como al alza en la tarifa, la escasez de agua y la falta de saneamiento, Sergio Salomón comentó que será el mandatario electo Alejandro Armenta Mier, quien ofrezca alternativas de solución a las quejas de los usuarios.
Informó que se está realizando un ejercicio de “mucha transparencia” entre el gobernador electo y su administración, por lo que confió que el análisis permita saber cuál es el grado de cumplimiento del contrato por parte de la empresa.
Ante la insistencia de los reporteros de la fuente, para que emitiera una postura por los señalamientos de que la comparecencia de los directivos de Agua de Puebla y el SOAPAP fue una simulación, el gobernador comentó que esa respuesta sólo le compete al propio Poder Legislativo.
Céspedes Peregrina comentó que los ayuntamientos tienen que intervenir en este tema, pues son los que brindan el suministro de agua en los municipios, donde se tiene concesionado el servicio del líquido, drenaje y saneamiento.
Incluso, justificó que el gobierno estatal solo funge como árbitro tras la última reforma que se realizó en el Congreso local; sin embargo, señaló que debe ser vigilante para garantizar un buen servicio a la población.
“Se trata de un tema importante en donde se está atendiendo a los ayuntamientos y no el estado, el gobierno se mantiene como un árbitro después de la última reforma y que involucró al Congreso, pero finalmente a quien le brinda servicio la empresa es a los municipios, los cuales ya tienen que involucrarse ya de lleno en este tema”, afirmó.
El pasado miércoles el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, advirtió que en dado caso que el Congreso del estado rescinda el contrato a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, se tendría que pagar una indemnización de 7 mil millones de pesos.
A pesar de que Morena y partidos aliados es mayoría en el Congreso del estado, hasta el momento no hay claridad de las repercusiones de dicha comparecencia, aunque la empresa reveló que ha pagado el 5 por ciento de sus ingresos, equivalentes a 2 mil millones en los 10 años que lleva el contrato, de los cuales ha entregado 852 millones de pesos, es decir, el 40 por ciento de los recursos a los que se comprometió en el título de concesión.