Jueves, julio 18, 2024

El Comité de Presos advierte que la represión y el encarcelamiento proseguirán

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla advirtió que el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas no solo no resolverá las demandas sociales que se le han planteado, sino que continuará persiguiendo y encarcelando a los líderes, activistas, ciudadanos, estudiantes y todo aquel ciudadano que se las plantee:

“Al inicio del Foro de Evaluación Ciudadana sobre Derechos Humanos y Presos Políticos, celebrado el pasado viernes en el Auditorio de la Facultad de Físico Matemáticas de la UAP, a nombre del Comité, Carolina González Barranco, leyó un informe, que se transcribe íntegro a continuación:

“Buen día, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, agradece a todos su presencia a este primer foro de evaluación ciudadana sobre derechos humanos y presos políticos en Puebla.

Este Comité surgió hace ya más de un año con el objetivo de visibilizar la vulnerabilidad que viven aquellos que hoy día ven restringida su libertad por el solo hecho de ser detractores de las políticas del gobierno estatal y/o federal; esas personas de acuerdo a la definición utilizada por amnistía internacional, se les reconoce con el nombre de “presos políticos”, siendo quienes disienten de las políticas promovidas por quien detenta el poder y que en caso de hacer uso de sus derechos humanos de disenso, no solo son señalados, sino castigados con la fabricación de delitos.

“Así, ha casi cinco años del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y a poco más de dos para que se realicen las elecciones para elegir el siguiente presidente de la República, en Puebla ha predominado una postura intolerante, insensible y lasciva hacia los ciudadanos que han manifestado oposición y/o crítica hacia las acciones impuestas por el mandatario estatal.

“Para la presente fecha, en el estado hay un registro de 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse; respecto del número de presos, ha de sumarse un caso más, un hombre nonagenario Delfino Flores Melga quien murió en prisión; en tanto, el procesado Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan falleció meses después de haber sido liberado, refiriendo sus familiares que las secuelas físicas y emocionales fueron un factor determinante en su deceso.

“Las acusaciones, han oscilado desde lo absurdo como es el robo de celulares, hasta cargos graves como la conspiración o el motín, por los que, los implicados pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. Así, los recursos jurídicos se manejan a modo para fabricar o deshacer expedientes según convenga al caso referido, incurriendo en un sinnúmero de violaciones al debido proceso, sin señalar la nula validez a sus derechos humanos.

“En medio de este escenario surge nuestro comité, conformado por investigadores, académicos, estudiantes y personas de la sociedad civil, cumpliendo el objetivo de visibilizar la ola de represión y detenciones con las que continuamente nos encontramos y que hemos padecido de manera directa.

“En no pocos momentos el gobierno estatal ha terminado con la seguridad económica, la estabilidad familiar, la salud física y en el peor de los casos la vida. Es incuestionable que todos los señalados han sufrido embates económicos, bien sea por resguardar su libertad lejos de sus hogares, los amparos o por el pago de las fianzas, que oscilan desde los 10 mil hasta el medio millón de pesos, representando mayor vulnerabilidad a la economía de madres solteras, hombres y mujeres con trabajos temporales, y campesinos e indígenas.

“Por otra parte, es claro que predomina una política que promueve el desarraigo forzado a la tierra, a los bienes comunales y al patrimonio individual y cultural, hecho que las comunidades siguen resistiendo, como ha ocurrido en la sierra norte a través de la obstrucción a los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de termoeléctricas. La oposición en la zona aledaña al volcán a la instalación de ductos que transportarán gas metano, pasando por una zona de riesgo volcánica, aquellos que luchan por la defensa de sus predios, caso emblemático del señor Delfino, defensa de un predio en particular que lo condujera a la muerte y que hoy día se encuentran en venta, y el caso de Cholula que permanece en pie de lucha evitando la construcción de un parque temático y/o un estacionamiento en la zona arqueológica.

“El trasfondo de éstos hechos refleja una clara política de exterminio a través de la degradación del medio ambiente y por tanto de los recursos que de ella se obtienen, siendo el único sustento de vida de indígenas y campesinos, y por otro, una cerrazón absurda ante investigaciones científicas que demuestran el peligro de colocar un gasoducto en un volcán activo. Además, hay un claro desconocimiento del pasado histórico que impide valorar tanto el patrimonio tangible como el intangible.

“En Puebla, trabajar dignamente como es el caso de los mototaxistas y transportistas urbanos es motivo de sanción y encarcelamiento, ser abogado y defender jurídicamente a algunos de los 1500 burócratas despedidos por el gobierno es motivo de persecución, ser presidente municipal y defender los intereses de su comunidad, tiene como costo la libertad, el señalamiento y la persecución; oponerse a la privatización del agua es atentar contra la seguridad estatal. Ser líder de algún movimiento y no ceñirse a las políticas dictadas, como es el caso del maestro Guerra y de Rubén Sarabia Simitrio, merece ser tratado como delincuentes. Aquellos que buscan ejercer sus derechos ciudadanos y reclamar la restitución de algún servicio y/o exigen el cabal cumplimiento de las funciones de algún representante público, son víctimas del poder y la supresión de sus derechos.

“Pero estos no son los únicos opositores a las políticas morenovallistas, lo que quedó demostrado en las pasadas elecciones donde el estado se tiñó de rojo, y no como una manifestación de un comprometido y convencido espíritu priista, sino como una clara oposición al partido que el señor gobernador representa…

“Los hechos muestran que estamos frente a un gobierno que mientras desestima la vida, construye obras monumentales, en la mayoría de los casos innecesarias, que espera le sean aplaudidas; un gobierno que se encuentra lejos de generar políticas públicas efectivas e incluyentes. La muerte de siete poblanos, dos de ellos señalados al inicio de este texto, dos el pasado 7 de junio en el marco de la contienda electoral, otros dos en condiciones extrañas después de haber criticado políticas del estado, y la más lamentable, la pérdida de vida de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, como consecuencia del uso de las balas de goma. Lo anterior descrito lastima, duele por la manipulación, la mentira y el dolo con el cual el mandatario y sus instancias se han conducido, éste dolor del que se habla no paraliza, sino por el contrario es el motor para exigir una explicación certera de los hechos y en los casos que el gobierno ha tenido injerencia una disculpa pública.

“Apartado especial merecen los 22 estudiantes que han sufrido detenciones, violaciones a sus derechos humanos, levantamientos y acusaciones infundadas, ello como consecuencia de mantener una postura crítica tanto al gobierno federal como al estatal.

“En medio de todo esto, la situación se agrava cuando surgen propuestas legales que inhiben un derecho fundamental como la libertad de expresión y manifestación; así pues, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, simplificada como la Ley bala, fue propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle el 7 de mayo de 2014 y aprobada por el Congreso el día 19 del mismo mes, que para ese momento el tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto permitía la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros.

“En días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social, lo cual no impidió que en el enfrentamiento del 9 de junio de 2014 entre la Policía y pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan (que pedían la restitución del servicio del registro civil) al utilizar armas incapacitantes no letales se suscitara la ya mencionada muerte del niño Tehuatle Tamayo.

“La versión oficial del gobierno del estado en todo momento fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores.

“No fue sino hasta la intervención de la CNDH y el señalamiento que el niño había sido impactado por uno de los 63 proyectiles disparados, cuando el gobierno estatal sin más opción, reconoció lo realmente ocurrido.

“Este hecho ilustra una vez más la nula sensibilidad política, el desprecio a la vida o la producción de muerte, la capacidad de manipulación de las instituciones con tal de sostener una versión oficial que el Estado mismo sabía era una mentira, el dolo y la perversidad en el intento de negociación con la madre del menor; y por último, el toque de desprecio, pues pese a las recomendaciones emitidas por la CNDH, la respuesta del gobierno estatal fue una nueva ola de aprehensiones contra los pobladores de Chalchihuapan.

“Otros afectados que si bien no perdieron la vida, es importante señalar fueron Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo, Martín Romero Montes quien perdió parte de la mandíbula, la lengua y por tanto el habla, Gilberto Varela quien perdió sensibilidad en una mano, Vicente Tecalero quien perdió audición, Filemón Pacio, quien también perdió audición, y recibió un fuerte golpe en el pecho y por último Juan Xelhua Ocotl, quien perdió parte de la vista.

“Así, un gobierno cerrado al diálogo no verá otra salida que no sea la generación y el aval de prácticas autoritarias que se vuelven cotidianas en el ejercicio del poder.

“En este eje represor se legisló una nueva ley propuesta por el diputado panista Eukid Castañon Herrera, la “Ley Antigraffiti”, aprobada el 11 de marzo del presente, establece que se sancionará de tres a seis años de prisión a quien pinte o dañe inmuebles públicos o privados.

“El pasado 3 de mayo el subdirector de la policía municipal de San Pedro Cholula, mató de un disparo en la nuca a Ricardo Cadena Becerra, quien en un primer momento se afirmó pretendía realizar un graffiti con un gis, para posteriormente retractarse y señalar que el joven no era graffitero y el arma se había accionado accidentalmente.

“El hecho no se ha esclarecido en su totalidad, lo cierto es que, el uso de armas de forma indiscriminada, la creación de leyes que en lugar de proteger a los ciudadanos fortalezcan las instituciones de poder, no es la solución para un estado como Puebla y solo se vulneran las garantías individuales.

“Por tanto, si el hostigamiento y la violenta criminalización de la protesta social se presenta como solución, Rafael Moreno Valle deja claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de protesta individual o comunal no solo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, a cambio, caerá todo el peso de la ley para quien disienta y se manifieste… Por último la designación de Rodríguez Almeida frente a la Secretaría de Seguridad Pública es un claro mensaje del recrudecimiento a la represión que seguiremos padeciendo.

“Nosotros como Comité nos hemos dado a la tarea de sistematizar la información de detenciones y actos de represión, si ello resulta incómodo al gobierno estatal, tenemos una sola respuesta: seguiremos ejerciendo nuestro derecho a informarnos e informar la represión y las restricciones de libertad que con tintes políticos incurran.

“¡Libertad para todos los presos políticos en Puebla y en México!

“¡Justicia y solidaridad con padres y normalistas de Ayotzinapa!

“Puebla, Pue., a 6 de noviembre de 2015”.

Martín Hernández Alcántara

 

 

 

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