Viernes, agosto 12, 2022
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El caso Ayotzinapa es un crimen de Estado

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Ante las declaraciones del presidente López Obrador el domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a  lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

 

1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado”, en particular el caso Ayotzinapa  implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

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2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala  que forman parte del aparato de gobierno.

 

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

 

4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

 

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:

 

-No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.

 

-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.

 

– No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

 

– No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.

 

– Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y  Compensación no existen para el conjunto de víctimas.

 

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

 

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas:  enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

 

El caso Ayotzinapa está impune. Fue el Estado con Rosendo Radilla. Es el Estado con Ayotzinapa. Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado. // CCTI

 

 

 

Noviembre 21, termómetro de la lucha social en Colombia

 

Congreso de los Pueblos / Prensa Rural

 

El capitalismo está en crisis, el permanente estado de guerra que afecta a diversas naciones evidencia el afán de unos países y grandes empresarios por terminar de raspar la olla para quedarse con lo poco que han dejado luego de miles de años de explotación, y Colombia no es la excepción.

 

El actual gobierno colombiano, al igual que los anteriores, es casi que un perro faldero, obediente y arrodillado de los grandes poderes económicos, aplica al pie de la letra todas las “recomendaciones” que llegan de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de los grupos económicos que tienen a unos pocos con toda la riqueza del mundo mientras a unos muchos nos mantienen hundidos en la pobreza, la guerra y la contaminación.

 

Hay quienes dicen que en Colombia estamos en un desgobierno, que el presidente Duque es un títere, o que aquí no hay autoridad. Lo cierto es que sí hay gobierno, pero gobierna con los intereses de un pequeño grupo de ricos y terratenientes que siempre ha estado en el poder, no gobierna pensando en solucionar los problemas del pueblo trabajador, por ende no es títere, sino que también sabe lo que hace, también tiene sus planes, que aunque nos parezcan irracionales o tontos, son los planes de quienes manejan el país.

 

Las grandes asociaciones empresariales lo han llamado “uno de los mejores gobiernos”, y claro que hay autoridad, pero una autoridad de sangre y fuego, de fuerza contra los brotes de protesta o resistencia, así  mantiene la política de asesinato a líderes sociales, comunidades indígenas y excombatientes mientras reprime la protesta social, en la que  jóvenes y adultos han sido mutilados y muertos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

 

El resultado de un gobierno así solo puede llevarnos a una crisis, porque mientras se mantiene la política de hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, la olla va cogiendo presión hasta que un día revienta, porque el pobre aguanta hasta que llega a un punto en que no puede amarrarse más el cinturón y le toca alegar, van ejemplos de las políticas que nos motivan a unirnos, organizarnos y movilizarnos:

 

  1. En materia laboral, ya adelantan una reforma, que estará lista en diciembre cual regalo de navidad, que incluye: la aplicación de salario mínimo -por debajo del mínimo del 75% para menores de 25 años, el fortalecimiento de la indigna contratación por horas, la creación de un injusto salario por regiones, así las regiones que están en la miseria terminarán de morir de hambre, la eliminación de las horas extras, el recargo nocturno, dominicales y festivos, sin contar la eliminación del pago de las cesantías. La ley del embudo, lo ancho pa ellos y lo angosto pa uno.

 

  1. En materia pensional, una reforma que incluye el aumento de la edad de pensión, elimina el derecho a pensionarse, fortalece los subsidios bimensuales de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que son aportes cuentagotas, privatiza Colpensiones dejando las pensiones en manos del grupo Aval, aumenta las semanas de cotización para pensión y seguridad social. El salario de los jóvenes no va a rendir y los ancianos estarán condenados a morir trabajando o en la miseria. El ministro ya dijo que nos vamos a pensionar con lo que alcancemos a ahorrar.

 

  1. La aprobación de la Ley de Financiamiento, que busca bajarle los impuestos a los más ricos y subirlos a los trabajadores, y lo que ya aplicaron con el Plan Nacional de Duque, el aumento del 35% en servicio de energía eléctrica para pagar la deuda de los corruptos de Electricaribe.

 

  1. Además, medidas que llaman el “holding financiero”, que solo es privatizar todo lo poquito de público que queda, y dejarlo a los empresarios sanguinarios que manejan todo a su acomodo, fusionando empresas estatales y acabando con veinte mil empleos, quitándole el control financiero del Estado a empresas como Ecopetrol, Cenit y regionales dejándolas a la deriva en las bolsas de inversiones, generando inestabilidad financiera del Estado que puede llevar a una crisis económica sin precedentes, además subastarán el espectro electromagnético: todo lo que tenga que ver con comunicación y medios electrónicos pertenecerá a quien más tenga para pagar, seguro una empresa multinacional.

 

  1. Esto es lo que viene y algo de lo que han podido aplicar, pero en este gobierno, en su corto tiempo de ejecución, ya da cuenta de sus lesivas políticas: construye un puente y se le cae, construye una represa que puede ser el mayor desastre ambiental de Latinoamérica, permite la caza de tiburones, destruye el medio ambiente con las grandes multinacionales que invaden nuestros territorios de minería e hidrocarburos, está hundido en escándalos de corrupción y criminaliza todo lo que suene a protesta social, por medio de amenazas, represión, cárcel y muerte.

 

No se olvidan los incumplimientos que este gobierno y los anteriores han tenido con paros pasados, el paro agrario de 2013, la minga nacional de la Cumbre Agraria en 2014, las movilizaciones de 2015 y 2016, y el paro estudiantil de 2018.

 

No podemos permitir que nuestro país siga en manos de esta política nefasta y criminal. Es justo tomar consciencia, unirnos, organizarnos, dejar la apatía y la obediencia ciega, salir a las calles, con la cacerola, la pancarta o el megáfono, exigir, movilizarnos y presionar no solo que se detengan estas políticas, sino que el presidente Duque y su gabinete renuncien, en una muestra de respeto con el pueblo colombiano, que ha luchado por la vida, la soberanía y la dignidad en sus territorios.

 

La jornada unitaria de movilización del 21 de noviembre ha sido un termómetro en el que se miden fuerzas y capacidades, hacia la construcción de la huelga y paro general del pueblo colombiano en contra del gobierno Duque. En  calles y carreteras seguimos. (Extracto).

La hora de reprimir a los que quedan en pie: Gobierno de facto en Bolivia

 

Por: Wyatt Reed 1 diciembre 2019

 

La brutal junta militar que le arrebató el poder al presidente boliviano democráticamente electo, Evo Morales, reprime violentamente la sublevación de la clase trabajadora y los indígenas, y el país cae bajo su control.

 

Soldados con uniforme militar merodean por las calles e imponen una serie de controles viales alrededor de la sede de gobierno. Cualquiera que ahora sea considerado contrario al statu quo se expone a ser arrestado por cargos de sedición o terrorismo. Periodistas disidentes y simpatizantes de Morales se han visto obligados a esconderse y salen de sus hogares solo cuando es necesario.

 

“Es una dictadura fascista, no hay forma de ocultarlo”, dice Federico Koba, un periodista de izquierda que pidió no usar su nombre real por temor a ser arrestado. “Hay agentes paramilitares que recorren la ciudad tomando fotos e identificando quién es un líder, quién graba las protestas, quién registra la represión”.

 

Desde que el país fue tomado por las élites terratenientes de extrema derecha, todos los bolivianos de izquierda con un perfil público comenzaron a sentir la coacción.

 

Días después del golpe que envió a Morales al exilio, los residentes de la ciudad en su mayoría indígena y de clase trabajadora de El Alto, rodearon la planta de gas llamada Senkata, cortándole su principal fuente de gas a la cercana capital boliviana de La Paz. En respuesta, las fuerzas militares y policiales que habían conspirado con paramilitares fascistas para forzar a Morales a dejar el cargo, desataron una brutal ola de violencia contra los manifestantes en gran medida desarmados.

 

Los “terroristas”, como la junta militar y la prensa bolivianas han denominado a las patrullas auto organizadas y mayoritariamente desarmadas de jóvenes y madres indígenas, fueron decididamente menos violentos de lo que cabría esperar. En lugar de las armas y la dinamita que los bolivianos que apoyaron el golpe de estado insisten que tienen en su poder, solo vi teléfonos celulares y polleras, los vestidos tradicionales que usan muchas de las mujeres indígenas de Bolivia.

 

Pero eso sirvió de poco para evitar que fueran acribillados en el curso de varias horas. Si bien la cifra oficial de muertos por la masacre de Senkata de momento es nueve, una procesión interminable de familiares de las víctimas le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que el número real era ciertamente más alto: hasta veinticinco muertes.

 

Sus desgarradores testimonios pintaron una imagen de soldados desquiciados disparando al azar desde helicópteros y puestos de francotiradores. Las madres sollozaban mientras mostraban fotos de sus hijos. Muchos habían sido abatidos a tiros cuando iban o venían del trabajo; muchos simplemente habían desaparecido. Una semana después, sus familias suponen que fueron asesinados por soldados y ocultaron los cuerpos para reducir el número oficial de víctimas.

 

Pero la junta militar discrepa. El ministro del Interior Arturo Murillo ha insistido que “no se disparó un sólo tiro”.

 

Eso repitió el doctor en jefe del Centro de Trauma Hospital Corazón de Jesús. Me permitió entrar a la clínica solo después de que cinco enfermeras habían limpiado las pozas de sangre del suelo. El doctor insistió en que solo dos de las víctimas son confirmadas como víctimas de disparos, y que sus heridas eran consistentes con un arma calibre .22, “armas no militares”.

 

Cómo alguien sin entrenamiento como patólogo forense podría llegar a tal conclusión es desconcertante, pero hoy en Bolivia cualquier profesional médico que contradiga la narrativa oficial corre el riesgo de ser criminalizado. Después de que un video de un profesional médico llorando en Senkata y denunciando cómo la horrorosa violencia se volvió viral, éste fue arrestado pues el régimen boliviano lo acusó de ser un“doctor falso”.

 

Un laboratorio para la guerra informativa

 

Como explicó “Koba”, “están tratando de reprimir no solo a los manifestantes que marchan, sino a cualquiera que diga algo diferente de lo que el gobierno dice que está sucediendo. Reprimen al medio de comunicación que intente mostrar la represión y los asesinatos, las muertes, y mostrar la evidencia, las protestas y las marchas. Todo lo que está en contra del golpe está siendo reprimido y está siendo atacado”.

 

“Muchos medios de comunicación pequeños y medianos han sido cerrados o se han visto obligados a no mostrar lo que sucede, y a otros se les ha pagado para mostrar lo que les dicen.”.

 

La policía lanzó gas lacrimógeno a la cara a una reportera de Al-Jazeera que desde la Plaza Murillo en La Paz intentaba enviar su informe. Y Telesur, uno de los canales de noticias que da voz a los opositores del gobierno golpista, sufrió la expulsión de corresponsales del país por acusaciones de “sedición” antes que la estación fuera retirada del aire el 21 de noviembre.

 

El director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo, un aliado de Morales, fue encadenado a un árbol mientras los paramilitares sacaban al personal de su oficina.

 

Los medios de comunicación bolivianos ahora se enfrentan a una elección: o aceptas un soborno o tu vida se volverá extremadamente difícil.  “Los medios tradicionales solo muestran lo que no pueden ocultar. Pero niegan la evidencia. Dicen que fueron montajes, que los cocaleros y las personas de El Alto se están matando. Todo está al revés”. “¡Dicen que somos los fascistas! Dicen que somos los violentos, que somos los terroristas. Dicen que nosotros somos los que llevamos a cabo el golpe hace mucho tiempo con este presunto fraude, este supuesto fraude”.

 

Los demagogos de extrema derecha han consolidado el control y, como dice Koba, “trataron de poner todo al revés para que el “fraude electoral” fuera un golpe de estado, y el golpe fuera un retorno a la democracia; las fuerzas paramilitares son fuerzas pacificadoras; los fascistas son los demócratas”.

 

En el 2008, “intentaron dar un golpe aquí, y no tuvieron éxito, pero aprendieron de sus errores. Éste ha sido un laboratorio para usar todas sus armas: la posverdad, los paramilitares, los movimientos civiles financiados por ONGs, y organizaciones fascistas extranjeras. Lo único que tenemos a nuestro favor, que la comunidad internacional ha visto la represión, todas las violaciones a los derechos humanos”.

 

 (Extracto de artículo en The Gray Zone)

 

 

 

 

www.elzenzontle.org

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