Los integrantes del Barzón Poblano anunciaron una gira al interior del estado, a fin de ofrecer asesoría jurídica a los ciudadanos que derive en la interposición de 5 mil juicios de amparo contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Las personas que fueron perjudicadas con esta medida que aprobó el Congreso de Puebla en 143 municipios tienen hasta el 2 de febrero para emprender acciones legales, informó el presidente de la organización, Gerardo López Ramírez.
En conferencia de medios, criticó que las protestas que se han llevado a cabo en municipios de la región de Tehuacán y Ajalpan han carecido de una estrategia jurídica que garantice a los ciudadanos la anulación del cobro.
En tanto, el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, quien es uno de los defensores de la medida recaudatoria, acusó que el malestar social que se ha registrado en el estado fue incitado por la diputada de Morena Inés Parra Juárez.
“Hemos visto un alboroto en la zona de Ajalpan, distrito que conozco muy bien porque fui candidato a diputado federal en 2018 y quiero ser muy enfático, la diputada federal así como la vemos que hoy se opone contra los ayuntamientos municipales, así me hubiera gustado verla gestionar recursos”, criticó.
Dijo que el cobro del DAP permitirá a los ayuntamientos de la Sierra Negra tener una fuente de ingresos con la que librarán las malas condiciones económicas que enfrenta esa región.
“Yo hago un llamado a los habitantes de los municipios de Ajalpan, Coxcatlán, Zoquitlán, San Gabriel Chilac que no se dejen azuzar por esta persona que lo único que ha hecho es hacer problema donde no lo hay”, agregó.
Las protestas por el cobro del alumbrado público se han presentado en Coxcatlán, Chapulco Ajalpan, Zinacatepec y Nicolás Bravo, las cuales derivaron en la derogación del cobro en el caso del primer municipio, según el reporte de medios de comunicación de la región.
En tanto, en San José Miahuatlán y San Gabriel Chilac el ayuntamiento dio marcha atrás a la medida, ante la amenaza de manifestaciones, mientras en Zapotitlán Salinas, Santiago Miahuatlán, Chapulco y Ajalpan sus autoridades acordaron no aplicar el cobro, compromiso que no han aterrizado en la ley.