Sábado, febrero 8, 2025

El ayuntamiento está obligado por ley a solucionar el problema de vivienda en Zetina: Lavalle

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El ayuntamiento de Puebla tiene la obligación legal de evitar la formación de nuevos asentamientos informales, dejar de simular que atiende el problema de la informalidad a través de la “regularización” clientelar y oportunista, así como proveer las condiciones de seguridad y garantía de los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de compra ventas irregulares en San José Zetina, aseveró la urbanista Assenet Lavalle Arenas, quien añadió que la Comuna presidida por Eduardo Rivera Pérez debe dotar de soluciones de vivienda adecuada a dichas personas. 

La exdirectora de la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla entregó a esta casa editorial un documento en el que analiza la situación que enfrentan 60 familias de San José Zetina que serán desalojadas en las próximas semanas, según anunció Felipe Velázquez, titular de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana de la presidencia municipal de la Angelópolis. 

En el texto, la también ambientalista advierte que si bien a la Comuna le corresponde regular, controlar y vigilar los usos y destinos del territorio, de acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, “históricamente ha dejado crecer el caos urbano, la inequidad en el acceso al suelo, así como las graves consecuencias que esto acarrea, sumado al cíclico uso clientelar y oportunista del tema de la ‘regularización de la tenencia’ (sic), especialmente previo y durante los procesos electorales (los pobladores de los asentamientos precarios e informales siempre han representado una buena base de votantes a cambio de dádivas, comúnmente justificadas como ‘programas sociales encaminados al bienestar’), aunado a la inexistente voluntad política para llevar a cabo acciones integrales y contundentes”. 

Apunta que la presidencia municipal tiene obligatoriedad de ejercer sus atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y vivienda de manera concurrente y coordinada con los gobiernos federal, estatal y los municipios de la zona metropolitana. Claramente se establece que es obligación de las autoridades municipales es “Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos”; así como “Participar en la creación y administración del suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad”. Esto claramente representa una grave omisión por parte del ayuntamiento de Puebla. 

Asimismo, al ayuntamiento de Puebla corresponde, de acuerdo a la LGAHOTDU “Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de desarrollo urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente” (claramente aplica a quienes invadieron el predio y quienes vendieron lotes de manera fraudulenta). De acuerdo a las declaraciones del secretario de Gestión Urbana, las denuncias corresponden a las personas afectadas, con lo cual una vez más la autoridad municipal incumple con sus deberes.  

De igual manera, apuntó, “el ayuntamiento de Puebla tiene la obligación de proveer soluciones habitaciones adecuadas para las personas afectadas, de forma inmediata. De acuerdo a la LGAHOTDU, corresponde a los municipios “Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda”. El actual gobierno municipal cuenta con un asesor y colaboradores dedicados a la cuestión de la vivienda, quienes debieran estar ocupados, de forma oportuna y expedita, de desarrollar opciones a fin de garantizar a quienes han sido afectados y próximamente, de acuerdo a declaraciones públicas del secretario de Gestión Urbana, doblemente afectados y vulnerados, con la demolición de sus viviendas. A menos que ese asesor y colaboradores en materia de vivienda solo responda a una visión de promoción de negocios (la vivienda asumida como mercancía y no como un derecho), con lo cual configura, una vez más, que este gobierno municipal incumple en garantizar los derechos humanos, en particular el derecho humano a la vivienda adecuada (y con él otros estrechamente relacionados), tal como recientemente fue señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Recomendación 169/2023, apuntó Assenet Lavalle. 

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