La llegada a la presidencia de la Cuarta Transformación ha implicado un conjunto de modificaciones que, para poder plantearlo de manera esquemática, significan un cambio de régimen político.
De acuerdo con la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, el régimen político “designa al ordenamiento político real establecido en una sociedad por el juego de los poderes constitucionales y extraconstitucionales que obran sobre ella”.
Según Borja, el régimen político trasciende al gobierno, envolviendo a todos los operadores políticos y a los poderes fácticos que toman parte, directa o indirectamente, en la formación de las decisiones públicas.
¿De qué régimen veníamos y a cuál llegamos?
La larga noche neoliberal duró más de 30 años. Implicó un cambio cultural, institucional y, desde luego, legal. Sin embargo, el cambio de régimen neoliberal en la Constitución Política de México se materializó con inusitada profundidad hasta el sexenio de Peña Nieto.
Recordemos el ominoso Pacto por México. 3 partidos (hoy, 2 espectros políticos –PRI y PAN, y un desahuciado–PRD) formaron una mayoría artificial, cupular y ajena a cualquier mandato popular, con la que generaron 13 reformas, 7 de ellas constitucionales: educativa, de competencia económica, telecomunicaciones, energética, político–electoral, financiera y hacendaria.
La “agenda” del Pacto por México fue el recetario que la OCDE le entregó a Peña Nieto (véase el documento “Getting It Right: Una Agenda Estratégica para las Reformas en México”). El sello era indiscutiblemente neoliberal, privilegiaba las “mejores prácticas” pera a favor de intereses privados y en contra del bienestar popular.
La fiesta neoliberal, sin embargo, duró muy poco, y para 2018, todos los mexicanos tenían claro que el régimen debía cambiar.
El primer piso de este cambio de régimen, en un principio, se materializó a partir de decisiones políticas que no implicaban reformas constitucionales (salvo en materia educativa). Un claro ejemplo de ello fue la reconfiguración del presupuesto público; si antes este se destinaba, en buena medida, a gastos onerosos, pago de cuotas, moches, sueldos dorados de funcionarios, etc., con la llegada de López Obrador al poder, el presupuesto fue direccionado a programas sociales: pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y niños hijos de madres trabajadoras; becas para educación media superior y superior; Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida, entre otros.
Sin embargo, el elemento legal del régimen político anterior (las reformas constitucionales –el huevo de la serpiente) seguía presente.
Por tanto, antes de finalizar su periodo, y a manera de referéndum, López Obrador presentó su agenda de cambios constitucionales, consultándole al electorado si optaba por abrogar el neoliberalismo o preservarlo. El resultado no deja lugar a dudas: la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una votación histórica, incluyendo mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Las reformas debían iniciar
El llamado Plan C lo conformaban originalmente 20 reformas constitucionales. A la fecha, 8 de ellas ya han sido aprobadas (en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado; pueblos y comunidades indígenas; Guardia Nacional; bienestar; salarios; transporte ferroviario de pasajeros; sistema de vivienda para personas trabajadoras y Poder Judicial). La Presidenta Sheinbaum, por su parte, ha promovido 7 reformas constitucionales más, 3 de las cuales han sido aprobadas (en materia de igualdad sustantiva; elección de personas juzgadoras del Poder Judicial y medios de impugnación en la elección de los integrantes del PJF); el resto sigue su curso legislativo.
Se puede observar que, en su conjunto, estas reformas inciden directamente en el bienestar general en diversos ámbitos de la vida nacional, quedando de manifiesto el desmontaje del andamiaje neoliberal.
¿Cuál es el nuevo régimen? Esbocemos una explicación.
Se posiciona al Estado como promotor del desarrollo económico nacional, y se sostiene en los principios de cero corrupción y bienestar de la población. Es un modelo que tiene como propósito alcanzar la justicia social, una mayor distribución del ingreso y un crecimiento que trasciende las cifras; es decir, que se enfoca en mejorar la calidad de vida de la población al proveer los servicios básicos de salud, educación, vivienda, energía, entre otros; sectores en los que la participación del Estado se vuelve esencial.
Adicionalmente, este Estado para el Bienestar posiciona como motores de crecimiento y desarrollo el combate a la corrupción a través de la rendición de cuentas, las mejoras al salario, la educación, el futuro de los jóvenes, los estímulos al campo para lograr una autosuficiencia alimentaria, el rescate del sector energético, el fomento a la pequeña y mediana empresa, las telecomunicaciones, la erradicación de la pobreza, la seguridad y una democracia participativa.
Vivimos épocas de cambios. Mundialmente, las anquilosadas instituciones neoliberales comienzan a desmoronarse. La transformación política debe tener en el centro de su quehacer al ciudadano y su bienestar. Es el cambio de régimen que inicia.