El diputado de Nueva Alianza, Bladimir Zainos Flores propuso al pleno de la LXIV Legislatura local una iniciativa de adición a la Constitución Política local a fin de que el agua sea considerado como un derecho humano e irrenunciable, al cual estaría obligado el Estado a garantizarlo a sus pobladores.
El congresista enfatizó que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. “Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico”, sostuvo este jueves en sesión ordinaria del Congreso local.
Por ello, propuso al pleno adicionar una fracción al artículo 19 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para establecer que “toda persona en el Estado, tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Zainos Flores puntualizó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, establece el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.
Abundó que en el caso de México, hablar del agua, es hacerlo de un problema complejo, “que requiere de un abordaje interdisciplinario e intercultural, pues en el país existen cerca de 9 millones de personas sin acceso a agua potable y 11 millones de personas sin servicios de alcantarillado y la Comisión Nacional del Agua ha estimado que para lograr la cobertura universal al 2030, considerando las tasas del crecimiento poblacional, deberá encontrarse la manera de dar acceso a agua potable a 36.8 millones de personas e incluir en servicios de alcantarillado a 40.5 millones de habitantes”.
Por tal razón, el legislador consideró viable y necesario establecer en la Carta Magna local este precepto, ya que “el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera”.
La propuesta del legislador fue remitida a su expediente parlamentario para su análisis, estudio y en su caso, dictaminación correspondiente ante el pleno del Congreso local.