Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan exigen que no se libere a tres presuntos implicados en la desaparición de recursos otorgados por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2018 como compensación por los efectos del trazado de la autopista México-Puebla, que implicó la expropiación de sus tierras.
Como medida de protesta, los ejidatarios bloquearon la autopista a la altura del kilómetro 73 alrededor de las 13:00 horas, tras trascender que durante la audiencia programada en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, los implicados en el presunto fraude —Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio y Guadalupe Dozal Pérez— podrían quedar en libertad. Los tres se desempeñaban como presidente, tesorero y secretaria, respectivamente, del Ejido de Tlahuapan, en el estado de Puebla.
Testimonios recabados en el lugar aseguran que existe un profundo malestar entre los ejidatarios, ya que, a pesar de que existen carpetas de investigación contra los señalados por el presunto desfalco, no han recibido compensación alguna por el uso de sus tierras desde la década de 1960, durante la administración del presidente priista Adolfo López Mateos.
Hasta el cierre de esta edición, en el lugar solo se encontraban elementos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), así como agentes de la Guardia Nacional en cuatro patrullas de la corporación federal.
Cabe recordar que Carlos Sánchez Alpízar fue detenido el 17 de agosto de 2024, luego de permanecer prófugo desde 2021, cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) por abuso de confianza, tras múltiples acusaciones de ejidatarios.
Según las víctimas del presunto fraude, Sánchez Alpízar, como presidente del Ejido de Santa Rita Tlahuapan, recibió en 2018 un cheque por más de 176 millones de pesos para indemnizar a los campesinos afectados por la construcción de la autopista. Sin embargo, huyó con el dinero.
De acuerdo con los afectados, solo entregó una parte de los recursos a personas cercanas, como compadres, y dejó sin pago a la mayoría de los ejidatarios. Posteriormente, abandonó el estado.
El pago se realizó tras una sentencia emitida por un Tribunal Agrario federal y fue gestionado por la entonces SCT, encabezada por el fallecido Gerardo Ruiz Esparza.
Cuando los campesinos supieron que Sánchez había huido, comenzaron a realizar bloqueos sobre la autopista. Una de estas protestas motivó que la administración de Barbosa Huerta presentara la denuncia penal correspondiente.
Este caso se ha vuelto emblemático, ya que los ejidatarios han bloqueado la autopista México-Puebla en varias ocasiones desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto hasta la actualidad, exigiendo un pago justo por las tierras que les fueron expropiadas en los años 60.
Cabe destacar que este no es el único ejido que ha mantenido una lucha constante por la misma causa. En 2024, integrantes del ejido Ignacio López Rayón, ubicado en el municipio de Rayón, Estado de México, también bloquearon la autopista durante más de 72 horas, entre el 6 al 10 de agosto, exigiendo la misma reparación.
En ese momento, representantes de al menos diez ejidos y sus asesores legales acordaron iniciar negociaciones para el pago de las indemnizaciones. Además, exigieron justicia en el caso de los afectados de Santa Rita Tlahuapan.
Al cierre de esta edición, los manifestantes mantienen bloqueada la autopista en ambos sentidos, sin permitir el paso de vehículos. Empresas de transporte como Estrella Roja han informado que están utilizando rutas alternas para continuar con sus corridas programadas.
Hasta ahora, ni autoridades del gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ni representantes de la Secretaría de Gobernación han acudido a la zona para atender las demandas de los manifestantes.
