El Ejército mexicano sí tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa

El ejército mexicano sí tiene una participación en las investigaciones sobre el caso de la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa| FOTO: esimagen / Ramón Sienra

El 20 de enero de 2021 se filtró información sobre los 43 normalistas desaparecidos en el periódico Reforma, supuestamente habían sido disueltos e incinerados. La filtración insiste en la “verdad histórica” que los estudiantes “se revolvieron” con una banda criminal contraria a la de Guerreros Unidos, que fueron detenidos por policías y sicarios, y fueron ejecutados. En contra, las madres y padres de los estudiantes rechazaron tal versión y junto con sus abogados reiteraron la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de no basar las conclusiones de la investigación sólo en un testimonio, sino en prueba científica.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, comentó que:

“No es la primera vez que se hacen filtraciones, su intencionalidad es alertar a quienes tienen acciones penales para establecer acciones defensivas a efectos en que se pueda evadir la acción de la justicia. Hay intenciones políticas de obstaculizar la investigación o desviar la atención sobre otros asuntos, como el cuestionamiento sobre la liberación del ex general Salvador Cienfuegos, sobre el conflicto diplomático que se generó a partir de la posición del gobierno mexicano respecto de su liberación y de pronto se saca el tema de Ayotzinapa”.


“Hacer pública información tan delicada, además de poner obstáculos a la investigación genera un impacto sensible en las madres y padres porque se está divulgando el paradero y destino final de los estudiantes; el cómo se difunde el testimonio afecta a los padres porque se habla del asesinato de sus hijos o el final de sus hijos. La verdad en términos jurídicos no está establecida, pero la Fiscalía General de la República debe investigar y profundizar y no estar haciendo filtraciones como estas”, afirmó Vidulfo Rosales.

“La lucha sigue hasta que se tenga una investigación plena, exhaustiva y se dilucide la participación de las corporaciones policiacas, militares u otros cabos sueltos que exista”.

El general Salvador Cienfuegos, desde un principio obstaculizó las investigaciones. Él negó la participación de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería. Dijo que ellos no estaban, que ellos daban asistencia a una pipa de gas accidentada en la carretera de Tuxpan y que regresaron al cuartel militar después de las diez de la noche y que hasta muy tarde salieron a hacer unos recorridos y que se oían disparos, pero que ellos no vieron nada. El GIEI desmintió esa versión de los militares, se dio cuenta de que elementos del ejército estuvo presente en la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Desde que los estudiantes llegaron, hubo agentes de inteligencia desplegados. Ahí tomaron pruebas, fotografías y videos de lo que ocurría. El ejército desde las ocho de la noche ya sabía que los estudiantes estaban en Iguala. Además ellos estuvieron operando, dos elementos, el C-4, siguiendo a los estudiantes en tiempo real, supieron momento a momento lo que pasaba y esa prueba no ha sido aportada a la Fiscalía General de la República. Estos dos militares ya declararon, pero se reserva mucha información. Un tercer nivel son sus patrullajes en distintos puntos donde los estudiantes eran agredidos. Un cuarto elemento es la declaración filtrada. Insistimos en una línea de investigación en esa dirección y ahora tenemos la detención del ex general Martínez Crespo, pero falta mucho por hacer.

“La Fiscalía General de la República debe investigar sobre la responsabilidad del ex general Salvador Cienfuegos. El Estado tiene la obligación de manera oficiosa de investigar y clarificar la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería y del ex general Cienfuegos, él era Secretario de la Defensa Nacional y debe responder”.

“Se percibe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apapacha al Ejército”.

Bolivia: Entrevista a Felipe Quispe, el último Mallku* Por Lobo Suelto

«Nosotros nos consideramos seguidores y continuadores de Tupaj Katari».

Desde el altiplano boliviano, a orillas del lago Titicaca, Felipe Quispe se convirtió en uno de los referentes del movimiento indígena; y también en uno de los posibles catalizadores de una sociedad convulsionada, de unos movimientos sociales que habían tumbado a tres presidentes en tres años. El otro candidato era Evo Morales.

Felipe Quispe, con su chaqueta de cuero y sombrero negro, explica el desenlace de esta disputa mientras toma una sopa de fideos de menú en un bar de La Paz. Sitúa en la mesa dos vasos de agua. “Había dos vasos, agua tibia y agua caliente. El agua tibia era Evo. Yo la caliente”.

“Podría haber sido Felipe Quispe, pero no lo fue y ahí se perdieron muchísimos intereses históricos”, dice el sociólogo aymara Pablo Mamani. “Evo era la salida intermedia más afín a formas de admitir lo indígena, lo popular en espacios públicos de poder. Felipe Quispe representaba la posibilidad de un cambio estructural del Estado. La salida intermedia, que es Evo en este caso, fue muy estratégica para sectores de la clase media, moderada, ilustrada, liberal, que tuvieron el miedo de que la indiada se les fuera por encima, que es lo que Quispe estaba más o menos planteando”.

Aunque la figura de Felipe Quispe fue perdiendo notoriedad pública tras la llegada al poder de Evo Morales en 2006, se le sigue conociendo con el cargo de “Mallku”, cóndor en aymara, la autoridad más respetada dentro de una comunidad. Sin su figura es imposible entender la historia reciente de Bolivia. La reorganización del mayor sindicato campesino, la CSUTCB, a fines de los 90, la revuelta indígena del altiplano en los años 2000 y 2001 y el cerco a La Paz en 2003 –tres acontecimientos que tuvieron a Felipe Quispe como protagonista– marcaron una época de luchas sociales junto con las movilizaciones por el agua en Cochabamba y los bloqueos de los cocaleros en el Chapare.

(…)

El epicentro de todas las batallas

A este “primer ensayo”, como lo denominó entonces Felipe Quispe, siguió un nuevo levantamiento:

“Para nosotros, los ministros de Estado, así se llamen de izquierda o derecha, son lo mismo. Ellos han estudiado en las universidades de privilegio de EE UU y Europa, se preparan para manejarnos, para matarnos”, dice el Mallku. “Ellos decían: ‘vamos a cumplir, vamos a traer tractores, ustedes van a tener una universidad, ustedes van a tener seguro social indígena originario, ustedes van a gozar de banco propio, van a tener caminos, etcétera’. Pero nosotros les dimos 90 días de término, un ultimátum. El Gobierno no cumplió y entonces estuvimos obligados a salir nuevamente a bloquear los caminos y las carreteras, y cercar la ciudad de La Paz, no dejar que entre ningún producto agropecuario”.

El nuevo levantamiento, iniciado en junio de 2000 y radicalizado en septiembre, se extendió a todo el país. Al “sembrado de piedras” en las rutas que llegan a La Paz se unieron los cocaleros de Evo Morales, que bloquearon las carreteras que unen Cochabamba con la capital y con Oruro. Evocando el cerco de Tupaj Katari de 1781, la capital quedó completamente incomunicada. Sólo los aviones Hércules de las Fuerzas Armadas podían entrar a La Paz con provisiones.

El “epicentro de todas las batallas” fue la localidad de Achacachi, a orillas del lago Titicaca.

“En Achacachi hemos destruido todos los poderes estatales, ya no había juez, ya no había policía, no había tránsito, no había [sub]prefecto, ya no había nada. Todo indio. Y lo administraban los dirigentes del lugar”, rememora Quispe. “El levantamiento de Achacachi es la toma del poder total. Hay que ser dueño del poder, incluso de sí mismo y volver al Qollasuyo [denominación inca del occidente boliviano], no a Bolivia”, sentencia.

Desde la expulsión de las instituciones republicanas de Achacachi se instauraron las autoridades tradicionales comunitarias.

“El policía trae ladrón; el ejército, guerra y el subprefecto, corrupción”, dijo entonces el Mallku ante las acusaciones de la prensa de que Achacachi se había convertido en “una ciudad sin ley”. Los intentos del ejército de ‘recuperar’ Achacachi y sus alrededores llevaron a la creación del Cuartel General de Qalachaka, situado a la entrada del pueblo. “Para impresionar a la prensa poníamos armas viejas de la segunda guerra mundial, armas que utilizaron los alemanes –ésas las tenemos todavía–, y sobre esas las armas automáticas y, más arriba, armas más pesadas, por eso el ejército tenía miedo de entrar, porque nosotros teníamos gente preparada”, dice el Mallku.

En julio de 2001 los tanques del ejército rodeaban Achacachi para poner fin al levantamiento. Pero no consiguieron entrar en la ciudad ni deponer el control comunal de la administración de la zona. “En 2001 en Huarina, mataron a nuestros hermanos, los bombardearon, han utilizado tanques, ametralladoras, aviones… Hubo muchos muertos, aunque nosotros también matamos”, dice el Mallku. Ninguno de los Gobiernos posteriores consiguió entrar en Achacachi. Hasta la llegada de Evo Morales. “Cuando el Evo llegó ha puesto todo, todo completo, ahora hay ejército, hay policía…” se queja el Mallku.

*Fragmentos de la entrevista realizada a Felipe Quispe en 2020. La centramos en su origen y en una de las Batallas del pueblo aymara que condujo Felipe Quispe con su convicción de cambiar de raíz y no solo de forma al Estado y la sociedad en Bolivia. En enero de 2021, Felipe Quispe, el último Mallku, falleció por el COVID-19 cuando era un probable candidato a ganar la gubernatura de La Paz, manteniendo una distancia crítica y autónoma con el partido del MAS en el gobierno y una tenaz lucha por el gobierno indio y popular de una sociedad sin racismo y colonialismo. Puede verse el video de esta entrevista en: https://www.facebook.com/4a602720-4626-4c38-a25e-7878c5868b5e

Las tribus Lakota piden a Biden que cierre el oleoducto Dakota Access

Amy Goodman y Denis Moynihan

29 DE ENERO DE 2021- En idioma lakota, “Oceti Sakowin” quiere decir “consejo de los siete fuegos”, en referencia a las siete tribus que integran el Pueblo Lakota, también llamado Gran Nación Sioux. Cuatro de los siete gobiernos tribales de la Gran Nación Sioux le enviaron una carta a Joe Biden el día previo a su asunción. Escribieron: “Desde tiempos inmemoriales, la gente de la Gran Nación Sioux ha vivido, cazado, pescado y organizado ceremonias junto al río Misuri (río Mni Sose en idioma lakota)”. Los gobiernos tribales pidieron “una acción rápida y decisiva en relación con el oleoducto Dakota Access”. El Dakota Access es un oleoducto de casi 1.900 kilómetros de extensión que transporta petróleo crudo extraído mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en el estado de Dakota del Norte, hasta el estado de Illinois, en camino hacia Texas. Una de las primeras medidas en 2017 del expresidente Trump fue la luz verde al oleoducto Keystone XL y al Dakota Access. En su primer día como presidente, Biden revocó el permiso de construcción del Keystone XL, pero dejó intacto al oleoducto Dakota Access. Una semana después de su investidura, en el día que la Casa Blanca llama Día del Clima, Biden anunció medidas radicales para enfrentar la catastrófica alteración climática, pero no tomó ninguna medida sobre el oleoducto Dakota Access.

La carta de las tribus Lakota enumera los tratados del siglo XIX entre las tribus y el Gobierno de Estados Unidos y agrega que “después de que se descubrió oro en la región de las Colinas Negras, el gobierno violó todos los tratados”, despojando “a la Reserva indígena de vastas áreas de tierra”. Para los habitantes originales de estos territorios, la democracia estadounidense no trajo libertad sino violencia, desplazamiento y genocidio. Pero las naciones indígenas de este territorio al que llaman Isla Tortuga sobreviven y continúan resistiendo.

La tribu sioux de Standing Rock, apoyada por cientos de otras tribus indígenas y aliados a la causa, obligó al Gobierno de Obama-Biden a cerrar el oleoducto Dakota Access en 2016. Con el eslogan en lakota “mni wiconi” (el agua es vida) expresaban su temor de que un derrame de petróleo del Dakota Access contamine el río Misuri, del que depende la supervivencia de la tribu. La empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer LP, de Kelcy Warren, multimillonario de Texas y megadonante del Partido Republicano, contrató guardias de seguridad privados para combatir a los denominados “protectores del agua”. El fin de semana del Día del Trabajo de 2016, los guardias golpearon a los manifestantes mientras enormes excavadoras arrasaban con terrenos sagrados para las tribus. Los guardias soltaban perros de ataque, que mordían a los manifestantes indígenas que reclamaban en forma pacífica. La sangre goteaba de la boca y la nariz de uno de los perros.

Desde la aprobación del Gobierno de Trump, el oleoducto Dakota Access ha transportado cientos de miles de barriles de petróleo por día bajo el lago Oahe, que se formó cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó una presa en el río Misuri en la década de 1950. En su carta a Biden, las tribus señalan que “la presa de Oahe destruyó más tierras indígenas que cualquier otro proyecto de obras públicas en la historia de Estados Unidos”.

Estos días, el Tribunal Federal de Apelaciones de la ciudad de Washington D. C. falló a favor de las tribus sioux Standing Rock, Cheyenne River, Yankton y Oglala, en su demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El fallo obliga al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a una revisión completa del impacto medioambiental, entre otras razones por el pésimo historial de la empresa Energy Transfer, que tuvo varios derrames de petróleo en sus numerosos oleoductos.

El juez David Tatel cita las palabras de Dave Archambault II, expresidente de la tribu sioux de Standing Rock: “El agua es más que un recurso, es sagrada, ya que el agua conecta toda la naturaleza y sostiene la vida”, escribió Archambault al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en marzo de 2016, un mes antes de que se encendiera la primera fogata de protesta contra el Dakota Access, cerca de la ruta donde estaba planeada la construcción del oleoducto, donde confluyen los ríos Cannonball y Misuri, en territorios tribales no cedidos.

Los campamentos de resistencia al Dakota Access pasaron de una decena de personas alrededor de esa única fogata en abril a más de 10.000 “protectores del agua” en octubre de 2016. Las tradiciones del pueblo Lakota fueron claves en la organización de la protesta: oraciones, cantos y un profundo respeto por el liderazgo de los ancianos. Ahora que la pandemia de la COVID-19 asola a las naciones indígenas en Estados Unidos, hay un temor creciente de que la sabiduría ancestral y los idiomas de los diferentes pueblos indígenas perezcan.

Jodi Archambault, de la tribu sioux de Standing Rock, escribió en The New York Times: “Los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde se ubican las reservas de las tribus Lakota, lideran en Estados Unidos las tasas de coronavirus per cápita. Estamos perdiendo más que amigos y familiares; estamos perdiendo el idioma que hablan nuestros mayores, la savia de nuestro pueblo y la esencia misma de quiénes somos”.

Las órdenes que firmó Biden en el Día del Clima reflejan una importante diferencia con respecto a las políticas ambientales destructivas y negadoras de la ciencia de Trump. Sin embargo, para las naciones indígenas, la crisis climática y la COVID-19 han profundizado la devastación que produjeron siglos de genocidio. Cerrar el oleoducto Dakota Access es un paso vital para reparar el daño hecho, Biden puede y debe darlo sin demoras, con una simple firma. (Extracto)

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