El exalcalde panista de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, junto con quien fuera su secretario de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez y la extitular de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, a lo largo de 12 meses habrían protegido a los invasores de 400 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina, toda vez que de acuerdo a documentos oficiales desde noviembre de 2023, cuando un juez les ordenó restituir los predios en conflicto, no clausuró los asentamientos irregulares.
La situación de este asunto ha llegado a un punto decisivo, toda vez que el Poder Judicial de Puebla le ha dado un ultimátum a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que a más tardar este jueves 5 de diciembre, se realice la restitución de 400 hectáreas de la exhacienda San José Zetina a sus verdaderos propietarios, además de que se sustituya al agente del ministerio público, que en días pasados no cumplió con este mandato.
En medio de este conflicto un hecho que sobresale es que en días pasados apareció un intento de una notaria pública de escriturar los terrenos que están en juicio, favoreciendo a la líder del movimiento que invadió las tierras, llamada Félix N, quien se hace llamar “María Félix”.
En uno de los periódicos de mayor circulación del estado de Puebla aparecieron tres edictos firmados por la notario público auxiliar número 4, Norma Alma Cortés Caballero, quién en el documento declara que Félix N es la única y universal heredera de los predios de la exhacienda de San José Zetina, pese a que existe una resolución judicial de finales de 2023 donde se establece que esta última persona nunca logró acreditar la posesión legal de dicha propiedad, y por el contrario está vinculada a proceso por el delito de invasión.
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Se sabe que cuando los representantes legales de los propietarios de los terrenos en disputa buscaron a la fedataria para pedirle una explicación, la notaria lo único que ha hecho es guardar silencio y ya no volvió a emitir otro edicto.
Cabe destacar que los terrenos que han generado este conflicto son propiedad privada y se ubican entre el límite del municipio de Puebla con el de Santa Clara Ocoyucan, quedando la propiedad de lado del territorio de la capital del estado. También colinda con el ejido de San Andrés Azumiatla y se encuentra en una de las áreas hacia donde se está dirigiendo el crecimiento urbano de la capital del estado.
La Jornada de Oriente obtuvo copia del documento oficial que se elaboró en la Secretaría de Gobernación estatal para analizar este conflicto en el cual se determina que luego de una serie de litigios se estableció que el propietario de estos terrenos era el señor Lucio Gabriel Flores Escalona junto con 10 copropietarios, después de que se dio el fallecimiento del anterior dueño Félix Tepetl Pineda.
Hace 16 años, dichas propiedades fueron vendidas a los actuales dueños, y de acuerdo a las actuaciones judiciales siempre se ha reconocido que son los legítimos propietarios.
A finales de 2012, un grupo de familias se apoderaron de 13 de las 400 hectáreas de la ex hacienda de San José Zetina. Estas personas son encabezadas por la señora Félix N, quién argumentó ser la legítima propietaria y para ello presentó un supuesto documento, el cual se trata de un contrato privado -asentado en el registro público de la propiedad de Tecali de Herrera- en el que su abuelo dice ser el dueño de los predios.
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El 23 de noviembre de 2022 se presentó la denuncia por despojo en contra de Félix N, quedando integrada la carpeta de investigación FGEP/FIM/CHAPULCO-1/0022089/2022. Casi un año después, el 16 de noviembre de 2023, un juzgado de oralidad penal determinó la restitución de las 400 hectáreas a sus propietarios, advirtiendo que se debía utilizar la fuerza pública para cumplir con el mandato.
En otra audiencia realizada seis días antes, se vinculó a proceso penal a Félix N, junto con otras seis personas, a quienes se les ordenó que deben de presentarse a firmar una vez al mes al juzgado y no pueden salir del estado de Puebla.
Desde esa fecha surgió el mandato judicial dirigido al ayuntamiento de Puebla que era encabezado por Eduardo Rivera Pérez para que se procediera a la restitución de la propiedad, mediante la intervención de la seguridad pública.
A lo largo de los 12 meses siguientes, bajo distintos argumentos el gobierno de Rivera Pérez y en particular el entonces, secretario de Desarrollo y Gestión Urbana, Felipe Velázquez, no clausuró las construcciones irregulares en el predio.
Destaca que Velázquez Gutiérrez es ahora el candidato a la dirigencia del PAN, encabezando el grupo del exalcalde, Eduardo Rivera.
También trascendió que la entonces secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz, en tres o cuatro ocasiones había expresado que no iban a intervenir para dar acompañamiento a la secretaría.
La administración municipal de Eduardo Rivera nunca supo justificar a qué se debía su reticencia a resolver este conflicto de invasión. Ahora ha aparecido otro actor del PAN de lado de Félix N. Se trata de la exdiputada federal Violeta Lagunes Viveros, quien ha encabezado algunas de las protestas de los vecinos del área invadida, argumentando que son los verdaderos dueños de las tierras.
La otra vía que se ha buscado para restituir los predios es a través de la FGE. El pasado 5 de noviembre de 2024, miembros de esta dependencia intentaron llevar a cabo la diligencia para la restitución de los predios pero se encontraron que la zona de conflicto estaba bloqueada con dos vehículos y estaban presentes 60 adultos y 30 menores de edad que no permitieron que los representantes del ministerio público y los agentes ministeriales pudieran entrar al área.
Según se observa en un video la estrategia que utilizó el grupo de Félix N fue poner a los niños al frente como manera de frenar a los representantes de la FGE.
El 29 de noviembre de 2024 hubo un segundo intento de la fiscalía de cumplir con la restitución de los terrenos, pero ahora se impidió porque hubo detonaciones de arma de fuego, por lo que los servidores públicos optaron por retirarse del lugar.
Desde hace un año La Jornada de Oriente narró que en la zona de la exhacienda de San José Zetina opera un grupo armado que ha servido para amedrentar a todos los que han intentado intervenir parda resolver este conflicto por la vía legal.
El juez que lleva el caso, Aarón Hernández Chino ha vuelto a fijar para este jueves, la fecha límite para que la FGE garantice el regreso de los terrenos a sus propietarios, por lo que esta semana podría ser decisiva para resolver este conflicto.