El Congreso de Puebla designó como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a José Eduardo Hernández Sánchez y a María Elena Farfán González, quienes formaron parte de las administraciones estatales del PAN o colaboraron con exfuncionarios de esos gobiernos.
De acuerdo con versiones periodísticas, José Eduardo Hernández fue coordinador general Jurídico de la extinta Secretaría de la Contraloría, cuando la titularon Patricia Leal Islas y Eukid Castañón Herrera, de los cuales este último se encuentra en prisión por no reportar una propiedad valuada en 6 millones de pesos y una cuenta bancaria con movimientos de más de 4 millones.
En tanto, el nombre de María Elena Farfán aparece en una lista de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que estuvieron bajo la conducción de Víctor Carrancá Bourget, extitular de ese órgano autónomo que en el gobierno albiazul de Rafael Moreno Valle Rosas se desempeñó como procurador General del Estado.
El Congreso aprobó los nombramientos por mayoría de votos por un periodo de 15 años, para que José Eduardo Hernández y María Elena Farfán encabecen esa instancia del Poder Judicial responsable de sancionar las faltas administrativas graves de servidores públicos, así como a particulares vinculados con las mismas.
Regulan diputados procesos de entrega-recepción.
Con el fin de regular la transición en los cambios de gobierno y transparentar los gastos destinados a ese propósito, los diputados modificaron la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del estado.
En tribuna, la diputada de Morena Jocelyn Olivares López explicó que se incorporó el concepto de transición, así como la obligación de las administraciones de proyectar los recursos para esos procesos.
En la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, los legisladores también reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer un plazo de 15 días hábiles para que las autoridades estatales y municipales proporcionen la información y documentación solicitada por los diputados.
La diputada del PAN Guadalupe Leal Rodríguez afirmó que esa reforma hará más eficiente al Congreso, pues la información otorgada servirá para la elaboración de iniciativas y el cumplimiento de las responsabilidades legislativas.