Al menos 100 pobladores de Quecholac se manifestaron ayer por la mañana frente a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo poblano, para exigir la liberación de su presidente municipal, Alejandro Martínez Fuentes, hermano del presunto capo del robo de hidrocarburos, Antonio Martínez Fuentes, motejado como El Toñín.
Minutos antes de que la protesta iniciara, desde el mismo recinto, en rueda de medios, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no cederá a presiones, en principio porque las investigaciones contra el edil detenido la víspera las lleva a cabo la Fiscalía General del Estado y también porque él no se presta a brindar impunidad a nadie.
En esa lógica, el mandatario estatal reiteró la refutación que ha hecho ante las acusaciones de El Toñín e insistió en que no emprende una persecución política contra ese presunto dirigente huachicolero y su familia.
Agregó que tampoco apadrina a nadie y puso como ejemplo de que no consiente actos ilícitos, las órdenes de aprehensión en contra del alcalde de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia desde marzo del presente año.
“Este gobierno no protege a nadie y así debió haber sido siempre, pero antes había colusión, en Puebla se respeta la ley, no hay simulación”, aseveró el mandatario.
“En el gobierno estatal no tendrán un cómplice ni se sentarán con el gobernador y cualquier funcionario estatal que se siente con ellos se van a ir y se le fincarán responsabilidades”, sentenció.
Barbosa Huerta dijo que su gestión no dispone o inicia estos procedimientos judiciales: “No es un asunto de persecución política”, insistió.
El gobernador explicó que este tipo de asuntos legales no se arreglan con bloqueo de vialidades o presiones, luego de sostener que su gobierno siempre actuará con sensatez, cuidado, sin provocar mayor violencia, con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza.
“En Puebla no se admite la simulación, no estamos dispuestos a aceptar que la sociedad tenga ese tipo de desviaciones, en absoluto”, dijo.
Barbosa Huerta señaló que no habrá personajes siniestros ni perversos en el gobierno estatal como sí los hubo en otras administraciones, los cuales, en algunos casos, ya están tras las rejas.
Por último, recalcó que quienes violan la ley nunca van a tener en el gobierno del estado a un cómplice, no se sentarán con el gobernador, y advirtió que si alguien de esta administración se vincula con ellos, se va y se le fincan responsabilidades.