Echan del gobierno estatal al líder de la mafia del transporte

Metrobús.

José Abraham Sánchez González, quien ha controlado la mafia del transporte público de Puebla en los últimos 27 años, si entró como funcionario al actual gobierno estatal, con un perfil bajo, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, fue detectado y se le pidió su renuncia, misma que presentó hace unos días de manera muy peculiar, pues declina hacer cualquier reclamo laboral o administrativo al Poder Ejecutivo.

Ayer en esta columna se expuso que Abraham Sánchez por enésima vez había logrado escabullirse a las estructuras del gobierno estatal, como parte de una red de protección de abusos e ilícitos que se cometen en torno al transporte público.

Frente a esta denuncia, una fuente autorizada hizo llegar a este columnista la misiva por la cual Sánchez González de manera “libre, irrevocable y espontanea” –solo le falto decir que en plena armonía con el cosmos– renunció el pasado 13 de septiembre al cargo de “Analista Especializado Consultivo” del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota del Estado de Puebla. Ver una copia al final del texto.


Lo relevante de esta misiva es que se constata lo que se denunció en este espacio, que la llamada mafia del transporte sigue vigente, que había vuelto a incrustarse en el gobierno y que sigue viva “la hermandad” –encabezada por Abraham Sánchez– que desde el sexenio de Manuel Bartlett Díaz y hasta la actualidad controla a los inspectores que supervisan este servicio público, que trafican con permisos y concesiones, que hacen arreglos entre permisionarios para competir por el control de las rutas de traslado de pasajeros.

Sin duda la dimisión de Abraham Sánchez es una muestra de que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta quiere demostrar un compromiso real con el combate a la corrupción.

Ahora el reto será rastrear a todos los integrantes de una amplia red de operadores, que desde varios ámbitos del gobierno, se han dedicado a proteger a la mafia del transporte. Quien ha encabezado esa “hermandad” de funcionarios públicos es la morenovallista Patricia Leal.

Cuando arrancó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se intentó limpiar a la mafia que había controlado el transporte para beneficio del PRI, ya que era un sector que siempre se utilizaba para la movilización de electores en todos los comicios constitucionales. Como parte de esa depuración se despidió en un par de ocasiones a Abraham Sánchez.

Primero se le dio de baja de la poderosa Dirección de Ingeniería del Transporte, mediante la cual a lo largo de los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, se encargó del diseño y manejo de todas las rutas del transporte público en el estado.

Luego de ese despidió, que se dio en los primeros meses del morenovallismo, Sánchez se colocó en un cargo de “analista”, que era un puesto de bajo perfil y le permitía pasar  desapercibido. No abstente, desde ahí seguía operando a favor de concesionarios que no tienen en regla sus rutas del transporte. Desde la cúpula del Poder Ejecutivo lo detectaron y ordenaron un segundo despido.

Entonces la morenovallista Patricia Leal armó un esquema en el que Abraham Sánchez desde una consultoría privada seguía incidiendo en el transporte público. Poco antes de que llegara la mitad del sexenio, lo volvieron a reincorporar al gobierno, bajo la idea de “que es el único que sabe todo” de este servicio público.

Ahora se preparaba para volver a seguir una estrategia similar. Ocupar un puesto de poca relevancia para desde ahí manejar la mafia del transporte.