El martes pasado, 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumplió dos años de haber asumido la Presidencia de la República y es pertinente intentar una evaluación de su desempeño al frente del Ejecutivo, evaluación que, como la de cualquier otro gobierno, debe hacerse tratando de determinar si ha cumplido o no con lo que se ofreció.
Buena parte de la gestión de AMLO, ha estado marcada por la coincidencia de dos crisis: la sanitaria y la económica. Esto ha significado que hubo necesidad de destinar recursos y extrema atención a combatir la pandemia del Covid-19 y a enfrentar la crisis económica, y, en medio de esta peculiar situación, llevar a adelante el proyecto renovador de regeneración nacional, propuesto por López Obrador en su campaña electoral, que logró el apoyo de más de 30 millones de sufragios en las elecciones de julo de 2018. El nuevo gobierno encontró que, después de tres décadas caracterizadas por la expoliación y explotación extremas, la nación estaba exhausta, pobre, devastada por la corrupción, profundamente desigual y un entorno natural y ambiental deteriorado, esto es, había una situación sumamente compleja, pero había un proyecto y un gobierno decidido a emprender los cambios necesarios y, sobre todo, un pueblo que ofrecía el apoyo indispensable para lograrlos. A todo ello, debe agregarse que hubo necesidad de desgastarse respondiendo a las actitudes catastrofistas de una derecha que no tiene un proyecto para el presente y futuro del país, sino que se limita a exigir la renuncia del Presidente con el avieso fin de restaurar el régimen de corrupción y privilegios que ha quedado atrás.
¿Qué ofreció el gobierno de la Cuarta Transformación? Ofreció gobernar no sólo para las minorías, sino para todos los 126 millones de mexicanos, llevando como preocupación central a la mitad de la población del país que vive en condiciones de pobreza y marginación. El Proyecto Alternativo de Nación, se ha propuesto: recuperar la soberanía nacional en energía, alimentos, ciencia, tecnología, y educación; busca separar el poder económico del poder político y recuperar la autonomía del Estado capturado por los intereses de la élite económica y la tecnocracia que le sirve. así como por los intereses el capital financiero internacional; también, propone llevar a cabo el combate frontal contra la corrupción, y llegar hasta las últimas consecuencias; logar la máxima eficiencia del sector público en un entorno de austeridad republicana, en la que no se gaste menos, sino que se gaste bien y de manera transparente; combatir la inseguridad y, finalmente, enfrentar la crisis económica con una política social que no consiste en apoyar a las grandes empresas, creando nuevos Fobaproas, sino inyectando recursos de abajo hacia arriba para mantener la actividad de las empresas que atienden el mercado interno.
Los datos disponibles, permiten advertir avances en la tenaz lucha contra la corrupción, en la política de austeridad, el rescate de las soberanías, el fortalecimiento del Estado y la justicia social, en la recuperación económica y en la política social de apoyo al consumo interno. Este último aspecto es relevante. Actualmente, se ofrece apoyo a unos 25 millones de hogares, que representan el 70 por ciento de la población que va desde hogares pobres hasta los de clase media; a ellos van dirigidos las pensiones de 8 millones de adultos mayores; el apoyo a niños pobres con discapacidad; los 11 millones de becas en todos los niveles escolares; los casi 3 millones de productores que reciben directamente recursos para sembrar y cultivar, lo mismo que 180 mil pescadores, incluidos un millón de jóvenes que reciben un salario mínimo al trabajar como aprendices en distintas empresas e instituciones en todo el país. Además, el gobierno de la Cuarta Transformación ha sacudido muchas esferas de la realidad política y económica nacional, afectando diversos intereses y privilegios de empresarios, intelectuales, “expertos” y “especialistas”, periodistas, organizaciones agrarias manejados por burócratas que eran los verdaderos beneficiarios de los recursos destinados al campo; ex funcionarios que, al amparo de la impunidad, se dedicaron a saquear al país. La lista de los afectados es larga, pero se pueden identificar por su participación en Frena y Si por México.
En estos momentos, pese a la oposición que todo frena y a los comentaristas de las catástrofes por venir, el panorama, se empieza a aclarar, particularmente el anuncio del INEGI del jueves 26 de noviembre pasado, permite alentar un sólido optimismo sobre el futuro económico del país. Ese día, el INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB), en el tercer trimestre de este año creció 12.1 por ciento, respecto del trimestre anterior. Cierto, la caída observada en el PIB a lo largo del año fue sostenida y por eso cualquier crecimiento resulta considerable, pero lo importante es que ese 12.1 por ciento significa que la tendencia a la caída de la producción de los primeros meses de este año, se ha detenido, que la balanza comercial de México con el mundo, haya registrado en octubre un superávit record de 6 mil 224 millones de dólares, que la economía adquiere un nuevo dinamismo y empieza a crecer a tasas más que aceptables, lo cual lleva implícito lo adecuado de la políticas social y económica del gobierno de AMLO.
Para reforzar el repunte de la economía, el último día de noviembre, se anunció un nuevo paquete de inversiones privadas y público privadas, que asciende a 228 mil millones de pesos distribuidos en 29 proyectos de infraestructura; este monto, sumado a los 297 mil millones del primer paquete que se lleva a cabo actualmente, da un total de 525 mil millones de pesos distribuidos en 68 proyectos, que además de generar empleo y tener un impacto multiplicador que alcanza a otras industrias, darán como resultado una mayor eficiencia en la infraestructura física del país.
Hoy, el panorama es alentador: las gasolinas y la energía eléctrica tienen precios estables, el peso se recupera frente al dólar, los programas sociales funcionan cada vez mejor con una cobertura cercana al 100 por ciento, el pueblo está informado de las acciones gubernamentales. la deuda externa no ha crecido y es manejable, las finanzas públicas se encuentran ordenadas y manejadas de manera eficiente, los proyectos detonantes en el Sureste marchan bien, pese a los obstáculos, la libertad de expresión se lleva al extremo, pero se respeta a quienes a su amparo ofenden al Presidente y muchos etcéteras más. Sin duda, hay todavía un largo camino por andar, pero están sentadas las bases para la transformación de México.