Más de dos años tardó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH) en emitir una recomendación por el caso del asesinato de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo.
Esmeralda Gallardo lideraba la búsqueda de su hija desaparecida desde 2021. A pesar de solicitar protección por las amenazas recibidas, las medidas otorgadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron limitadas a 30 días y no se renovaron. El 4 de octubre de 2022, Gallardo fue asesinada, resaltando la falta de seguimiento de las autoridades para garantizar su seguridad.
Ayer, María Luisa Núñez Barojas dio a conocer que la CDH emitió la Recomendación 28/2024 tras analizar el caso. La investigación reveló violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la seguridad personal, la integridad física y el acceso a una vida libre de violencia, lo cual pone en evidencia la inacción y fallas en la protección brindada por los gobiernos estatal y municipal.
Entre otras cosas, el organismo detectó fallas en la protección personal de la madre buscadora, pues a pesar de estar reconocida como víctima indirecta, las medidas para su salvaguardo no fueron suficientes ni efectivas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, a cargo del panista, Eduardo Rivera Pérez, no recibió las instrucciones necesarias para extenderlas más allá del periodo inicial.
La CDH también identificó que la FGE y la Policía Municipal, contribuyeron a la vulnerabilidad de Gallardo.
Asimismo, indicó que la violencia contra las mujeres en Puebla, especialmente hacia madres buscadoras, refleja un problema estructural. La Comisión recordó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), 70.8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en la entidad han sufrido algún tipo de agresión, lo que contextualiza la falta de acciones contundentes en este caso.
La CDH recomendó la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo medidas de rehabilitación y compensación económica. Además, instó a hacer reformas institucionales para asegurar que las medidas de protección se implementen de manera eficaz y sostenida.
Indicó también que debe haber capacitación a servidores públicos con enfoque de género para prevenir la violencia contra mujeres, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
El caso de Esmeralda Gallardo subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en situaciones de riesgo, así como de garantizar el acceso efectivo a la justicia. La Recomendación 28/2024 exige una respuesta integral del Estado para honrar la memoria de las víctimas y prevenir más feminicidios en Puebla.
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