Por cuarta vez en lo que va del sexenio, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, solicitó al Congreso local autorización para la contratación de crédito, en esta ocasión para los 217 ayuntamientos y entidades paramunicipales, las cuales podrán adquirir financiamiento hasta por 3 mil millones de pesos o el equivalente a 25 por ciento de los ingresos correspondientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Se perciben al menos dos manejos perniciosos de parte del titular del Poder Ejecutivo en este caso:
El primero es que todo apunta a que el esquema de financiamiento para obra pública propuesto por Rafael Moreno Valle Rosas tiene muchos riesgos y un sólo beneficiario: su administración. En efecto, con este modelo, la gestión morenovallista puede jactarse de hacer trabajos sin haber contratado deuda, porque los créditos al fin y al cabo serán adquiridos por los ayuntamientos.
Es un artilugio similar al que el gobierno ya utilizó mediante los PPS, en los cuales presume que no tiene préstamos, pero al final, la obra pública encargada a particulares es pagada siempre y con réditos a los empresarios.
En segundo lugar, de consumarse el esquema de financiamiento planteado, se estará violentando nuevamente la autonomía municipal, pues de manera autoritaria el gobierno estatal establecerá cuáles son las obras que deben hacerse y, como en otras ocasiones, impondrá el padrón de constructoras a escoger.