Con la complicidad de comités de padres y directores, en algunas escuelas públicas se han impuesto cuotas de hasta 4 mil pesos para el ingreso de alumnos, sostuvo Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF).
En entrevista telefónica comentó, sin precisar número, que ya han sido varias quejas que les han hecho llegar los progenitores por condicionamiento de inscripción o de entrega de documentos, si es que no cumplen con esas aportaciones voluntarias.
Ante esos abusos, dijo, la AEPF tuvo que llevar uno de los casos ante la secretaría de la Función Pública; la investigación está en proceso.
“No hay menos de mil pesos por el pago de aportación voluntaria que les están imponiendo y todavía no hay ni siquiera asambleas para fijar las aportaciones, que es lo peor. Por eso le digo que están coludidos (padres y directivos) porque simplemente la imponen, págala y punto. Y ahí te ponen un número de cuenta que tiene que estar abierto a nombre de la asociación de padres y resulta que está a nombre de un particular o de alguna otra institución”, explicó.
Alejandro Águila abundó que, en general, respecto al año pasado, las cuotas impuestas en 2022 han incrementado en aproximadamente 20 por ciento, llegando hasta los 4 mil pesos para el ingreso a kínder en un centro escolar, del cual no quiso revelar el nombre.
Comentó que muchos papás o mamás terminan pagando, ante el temor de que sus hijos no puedan formar parte de las instituciones educativas o que no les den los documentos, a pesar de que ya concluyó el ciclo escolar; subrayó que esos actos son violatorios de los derechos humanos.
La AEPF publicó además un comunicado en el que destaca que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la federación y los estados están obligados a garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; además de que esta es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
En el mismo se recalca que ningún funcionario público, incluyendo a los directores, está facultado para recomendar, proponer o sugerir el monto de las aportaciones voluntarias, puesto que no hay ninguna disposición oficial que lo permita, autorice, imponga o recomiende tal acción porque sería violatoria de lo establecido por el artículo constitucional citado, leyes que regulan a los servidores público y el propio Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia.
“De este modo, los padres de familia no están obligados a pagar aportaciones voluntarias, y mucho menos sujetos a que les condicionen las inscripciones y la entrega de documentos a sus hijos, toda vez que es violatorio de los derechos humanos de los menores”, concluye el documento.