Los diputados locales Delfina Pozos, Fedrha Suriano y Rafael Micalco Méndez, de los grupos legislativos del PRI, MC y PAN, respectivamente, fustigaron a Héctor Durán, director de Concesiones Integrales por el desabasto en más de 900 colonias de la capital, altas cuotas en el cobro de servicio, fugas no atendidas, cortes en el suministro por falta de pago y actos de corrupción por parte de empleados de la firma, mientras que al director del SOAPAP, Gustavo Gaytán le recriminaron por no sancionar a la firma, durante la comparecencia del ejecutivo y el servidor público en la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, realizada este miércoles.
En contraparte, los legisladores de la Cuarta Transformación se mostraron complacientes con la empresa y el servidor público, y se dedicaron a realizar preguntas que no incomodaron a los comparecientes.
La priista Delfina Pozos, quien presentó el punto de acuerdo para llamar al ejecutivo de la empresa y el servidor público a rendir cuentas, lamentó que el Congreso del Estado se haya prestado al “circo” y “simulación” en que se convirtió la comparecencia de Durán y de Gustavo Gaytán Alcaraz, quienes a todas luces “están en contubernio”.
Denunció que ninguno de los dos le resolvieron las dudas a sus preguntas planteadas, por lo que afirmó que seguirá respaldando a los ciudadanos en las denuncias que presenten por los abusos de la empresa.
Agregó que Gaytán Alcaraz no debe ser ratificado como director del organismo, pues afirmó que a todas luces ha solapado las deficiencias de la empresa por más de 10 años y esta tiene que irse de Puebla.
Quien fue la promotora del punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de ambos, expuso que si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantiza un flujo determinado de líquido a la empresa es inconcebible que el líquido se suministre de manera discrecional.
Cuestionó que en 10 años de concesión poco o nada se sabe de las multas aplicadas por el SOAPAP en contra de la concesionaria por no cumplir con los estándares de calidad y los compromisos en el título de concesión.
Suriano Corrales cuestionó que en la ciudad haya más de 200 colonias sin el servicio, mientras que la mayoría de los 400 mil usuarios se quejan de fallas en el suministro.
Héctor Durán intentó revirarle que no todas esas demarcaciones están dentro de la cobertura de la empresa, a lo que la legisladora molesta le exigió seriedad y le recordó que en ninguna de las demarcaciones donde presta el servicio la concesionaria se garantiza el suministro al 100 por ciento.
Por su parte, Rafael Micalco, del grupo legislativo del PAN, afirmó que tiene conocimiento de al menos dos casos de corrupción de trabajadores de Concesiones Integrales, que cobran por servicio fuera de las cajas.
Sostuvo que hay quejas constantes de los ciudadanos por las altas tarifas de reconexión tras cortes del servicio por falta de pago, mismas que ascienden hasta 600 pesos, pese a que las personas afectadas carecen de recursos.
En contraste, los legisladores de la Cuarta Transformación se mostraron complacientes con la empresa, por ejemplo Julio Huerta, diputado por Morena cuestionó a Gaytán Alcaraz a cuánto asciende la indemnización a la empresa por cancelar el servicio, a lo que el servidor público contestó que se tendrían que pagar 7 mil millones de pesos.
La diputada del PVEM, María Fernanda de la Barreda Angón, afirmó que “más allá de buscar culpables” se deben exigir cuentas claras y previo a “asumir posiciones políticas sobre la permanencia o no de Concesiones Integrales” se deben conocer el cumplimiento de las cláusulas de la concesión.