En el Congreso local avanza la aprobación de una reforma a la Ley de Ingresos del municipio de Puebla que incrementará de 10 a 23 pesos el costo de la certificación de documentos obtenidos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a partir de este año.
El aumento obedece a una homologación de cuotas en los 217 ayuntamientos del estado que tendrá como ventaja la disminución del costo de las copias simples de los datos obtenidos vía transparencia, ya que pasará de dos pesos a un peso con 50 centavos por hoja en el gobierno de la capital poblana.
Los legisladores también modificaron el costo de la certificación de datos o documentos que obran en los archivos municipales, al establecer una tarifa fija de 23 pesos por hoja, cuando ayuntamientos como Acajete cobran 111 pesos con 50 centavos y el de Puebla 66 pesos.
La iniciativa la aprobaron este 14 de marzo los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, con el fin de que la avale el pleno el 15 de marzo en la última sesión ordinaria que tendrá el Congreso antes de ingresar a periodo de receso. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Jorge Estefan Chidiac, presidente de la comisión dictaminadora, explicó que la reforma se realizó para ajustar las leyes de ingresos de los municipios de Puebla a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que juzgó inconstitucionales las tarifas hoy vigentes.
El también coordinador de la bancada del PRI aseguró que las nuevas cuotas no podrán ser impugnadas ni invalidadas, nuevamente, porque se encuentran por debajo de las que se aplican a nivel federal.
La SCJN intervino por las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.
Tras revisar las disposiciones refutadas, la corte concluyó que los integrantes del Congreso no justificaron la cuota, todavía vigente, por la expedición de copias certificadas de información otorgada por transparencia.
Además, el máximo tribunal de justicia del país calificó de desproporcionales las tarifas que se aprobaron por la certificación de documentación de documentación no relacionadas con el acceso a la información pública.