El Congreso del estado corrigió la reforma a la ley del agua del estado que presentó el mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, con el fin de regresar al Poder Legislativo la facultad de definir las tarifas del servicio de agua potable y echar atrás la intención de emprender embargos contra deudores.
La modificación que se autorizó ayer por unanimidad de votos es la tercera corrección que el Congreso realiza a una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo del estado, para frenar acciones jurídicas emprendidas por ciudadanos, partidos u organizaciones sociales.
El ajuste consistió en derogar el artículo 118 bis de la ley del agua del estado, que se incorporó a la normativa el 13 de septiembre pasado por iniciativa del gobierno estatal.
El numeral que se suprimió permitía que el costo del servicio hídrico se definiera en contratos de concesión, lo que hubiera facultado al SOAPAP a establecer de manera unilateral la tarifa a través de una negociación con la empresa privada a la que le pretende ceder sus tareas. Además, permitía perseguir los adeudos como créditos fiscales.
Legisladores del PRI y del PT reconocieron en tribuna que la corrección se logró gracias a la organización de los ciudadanos, quienes promovieron amparos masivos contra la reforma, mientras el diputado tricolor Édgar Salomón Escorza señaló que el Congreso quedó “en ridículo” por la insistencia de las bancadas de PAN, PRD, Panal, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT en aprobar iniciativas jurídicamente improcedentes.
Los diputados que evitaron realizar pronunciamientos sobre el tema fueron los emanados de las filas de Acción Nacional, el sol azteca y Movimiento Ciudadano, postura que compartió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, quien se negó a conceder entrevistas a los medios de comunicación.
La primera corrección se realizó el 13 de febrero antepasado a la Ley de Ingresos 2012 de Puebla para reducir de 80 a 20 pesos el costo de las copias certificadas de información pública, luego de que se interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar la disposición un candado contra la transparencia.
La segunda enmienda se aprobó en octubre pasado a una reforma realizada al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado, a través de la cual se buscó enmendar el yerro que cometieron los diputados al posponer el arranque de las elecciones locales de noviembre a febrero.
La solución consistió en prorrogar la disposición hasta 2018, para evitar un fallo en contra de la SCJN, la cual conoció el caso a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN.