Miércoles, junio 12, 2024

Diputada Guadalupe Leal pide intervención del gobernador y alcalde capitalino en caso de invasiones en San José Zetina

Guadalupe Leal Rodríguez, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, solicitó formalmente la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y del edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez para inhibir y castigar, de ser necesario, la invasión de un terreno de 200 hectáreas en la población de San José Zetina, perteneciente a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.

Con base en la información publicada en La Jornada de Oriente, la legisladora panista envió un oficio al titular del Poder Ejecutivo estatal, al alcalde, a la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara y al secretario de Desarrollo y Gestión Urbana del ayuntamiento capitalino,  Felipe Velázquez Gutiérrez, en el que señala que con base a las reformas realizadas a la Ley de Ordenamiento Territorial y al Código Penal del Estado de Puebla deben intervenir respecto a esta denuncia para no ser omisos.

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La legisladora también envió una copia del escrito al secretario de seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna y a la secretaria de seguridad ciudadana en el municipio, Consuelo Cruz Galindo, a quienes les alerta que si no toman medidas hay riesgo de otro enfrentamiento entre invasores y afectados. 

A ambos les hace énfasis en la denuncia por parte de Lucio Gabriel Flores Escalona, uno de los propietarios afectados, en el sentido de que agentes de dichas corporaciones presuntamente protegen a un grupo armado, a través del cual Félix Escalona, quien se hace llamar “María Félix”, realiza las invasiones y amedrenta a los dueños. 

“Este hecho ha provocado una serie de conflictos entre los presuntos propietarios, los invasores y vendedores de los predios de manera ilegal y las familias compradoras de los predios que actualmente viven en la zona. Además Flores Escalona refirió que policías municipales y estatales han favorecido al grupo de choque, manifestando que las autoridades correspondientes de la zona conocen el conflicto sin que hayan hecho alguna acción para resolverlo”, subraya en su escrito.  

Destaca que el gobierno capitalino debe proceder a la suspensión de cualquier obra y venta de predios que se realicen de manera ilegal, fijando en lugares públicos y visibles, copia del ordenamiento que disponga tal situación. 

Subraya que el gobierno del estado a través de sus dependencias competentes debe realizar actos de inspección y vigilancia, así como determinar las medidas cautelares de urgente aplicación que correspondan en la zona. 

“Asimismo, se debe investigar la situación jurídica en la que se encuentra el área, por las acciones presuntamente delictivas en dicha zona”, expuso. 

Manifestó que según los términos de la ley el gobierno estatal debe intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares de conformidad con los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, de conurbaciones y zonas metropolitanas, incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos. 

El pasado 20 de octubre, el Congreso del estado, a propuesta del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, aprobó una reforma al Código Penal del estado que establece de cuatro a 10 años de prisión y multa de doscientas hasta quinientas unidades de actualización -equivalentes a 20 mil 748 y 51 mil 870 pesos, respectivamente- a quienes instiguen, dirijan o se beneficien de la conformación de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular. 

La pena también se aplica en contra de funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos. 

El artículo 199 Quater subraya que la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, es decir, hasta 20 años de prisión, cuando las conductas previstas “se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o en las que exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano”.  

También se realizaron reformas al artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla en la que se establece que los ayuntamientos en el estado están obligados a dar aviso a la autoridad competente para denunciar el asentamiento humano irregular y, en su caso, determinar las acciones correspondientes. 

En el artículo 166 de este ordenamiento se establece que “la existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestión de estos deberán ser denunciados ante el gobierno del estado o los ayuntamientos por cualquier persona, a efecto de que dichas autoridades procedan las coordinar acciones administrativas y promover las acciones legales ante las autoridades competentes”. 

CC Oficio Asentamiento Irregular

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