A pesar de que Elia Tamayo Montes dejó claro su rechazo a la disculpa que funcionarios de tercer nivel de la administración morenovallista le hicieron ayer, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, afirmó horas después del acto celebrado en Chalchihuapan que la madre del niño asesinado por la Policía Estatal, José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, no había dicho que no aceptaba la solicitud de indulgencia y hasta le pidió ser generosa.
“Lo que declararon los abogados de la mamá es que van a valorar la disculpa, no es que no la hayan aceptado, o sea, la disculpa, como es lógico, como ocurre en estos procedimientos y casos: uno presenta la disculpa y la parte agraviada tiene el derecho para revisarla, leerla, consultarla, reflexionar y decidir si la acepta o no. Lo importante es, para fines de nuestra responsabilidad como gobierno del estado, es que dimos cumplimiento puntual como nos lo pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo convenimos con las partes, con la parte agraviada, de ofrecer públicamente una disculpa y entregarla en mano. O sea, dimos cumplimiento a la recomendación en materia de derechos humanos”, expresó el funcionario oaxaqueño.
Y agregó: “Nosotros esperamos sinceramente que, cuando se ofrece una disculpa pública hay que ofrecerla con sinceridad y la otra parte tiene que recibirla con generosidad y nosotros cumplimos nuestra parte con sinceridad y esperamos una respuesta con generosidad”, expresó el responsable de la política interior en la entidad, durante una rueda de prensa que ofreció por la tarde en Casa Aguayo.
Cuando se le cuestionó qué pasara si la disculpa no es aceptada por Elia Tamayo y el resto de los agraviados, respondió:
“Si no aceptaran, por la razón que fuera, la disculpa que se ha dado con toda sinceridad y que esperamos que la reciban con toda generosidad, pues es un tema que le tocará juzgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos dado cumplimiento al mandato, cumpliendo el protocolo internacional que sanciona y revisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.
Diódoro Carrasco niega maniobra electorera
A Diódoro Carrasco también se le cuestionó si la disculpa instada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace casi dos años, se viniera a expresar apenas ayer, en coincidencia con el proceso electoral en el que se disputa la sucesión del gobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas.
Carrasco Altamirano respondió que desde hace tres meses que asumió la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, el de Chalchihuapan fue uno de los primeros asuntos que revisó, por órdenes de Moreno Valle, quien le pidió dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH.
No obstante, aseguró que desde tiempo atrás, Enrique José Flota Campos, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado –antes Procuraduría General de Justicia– venía dialogando con Elia Tamayo, sus familiares y abogados para llegar al punto al que se arribó ayer y recordó que antes hubo otro acto de disculpa de parte del Poder Ejecutivo estatal que no fue aceptado por la madre del niño asesinado ni por el organismo defensor de las garantías individuales.
El secretario General de Gobierno también dijo que había 17 servidores públicos sujetos a investigaciones administrativas, incluidos los policías estatales que habían estado presos por ser los responsables materiales del homicidio del niño.
También explicó que Enrique José Flota Campos fue quien acudió a San Bernardino Chalchihuapan, porque ha sido el funcionario a cargo de las investigaciones sobre los hechos represivos del 9 de julio de 2014, de los que no solo resultó muerto José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, sino que hubo más de 100 heridos, algunos de los cuales perdieron las facultades del habla y la vista de manera parcial, pero permanente.
Por último, mencionó que por la represión al pueblo de San Bernardino, 17 servidores públicos fueron cesados y están sujetos a procesos judiciales.