A las 00:33 horas de este miércoles 10 de febrero, la organización Artículo 19 dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, acusado del delito de tortura en contra de la periodista, Lydia Cacho Ribeiro.
“ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”, expresó la organización a través de Twitter.
“La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para @lydiacachosi y su familia”, agregó Artículo 19, organización que ha acompañado a la periodista durante 12 años en su brega por justicia.
Expertos abogados en Derecho Penal consultados por esta casa editorial consideraron que el juicio contra el ex gobernador podría durar hasta un año antes de recibir sentencia. Todo ese tiempo, el llamado “góber precioso”, permanecerá en el reclusorio de Cancún y su pena corporal iría de los tres a los 12 años de prisión, con el pago de una multa que podría ser de 200 a 500 días “y la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta”.
Las fuentes consultadas dijeron que las revelaciones que haga el exmandatario poblano podrían implicar a más personas en el juicio, además de las que están señaladas, en el entendido de que la tortura a la que sometieron a Lydia Cacho tenía el propósito de escarmentarla por haber exhibido a una red de pederastas y pornógrafos infantiles.
Uno de los letrados dijo que si en el proceso se da vista al Ministerio Público se podría abrir otra investigación federal para dar con los responsables y participantes de la red que comandaba Jean Succar Kuri, el empresario libanés al que la periodista denunció en Los Demonios del Edén, y al que Kamel Nacif Borge quiso encubrir con la tortura que confabuló con el “góber precioso”, la cual fue exhibida el 14 de febrero de 2006 por La Jornada, a través de la publicación de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas entre el entonces mandatario y el mal afamado apostador.
Horas antes, todavía en el día martes, el juez Tercero de lo Penal, Alberto Zenteno Reyes, dictó un auto de formal prisión en contra del priista Valentín Meneses Rojas, por el delito de conductas contra la procuración y administración de justicia, por lo que quien fuera colaborador del citado exgobernador continúa preso.
Fue alrededor de las 16 horas, cuando el juez notificó la decisión a la defensa de Meneses, la cual no fue objetada, pues se sabe que los abogados planean interponer un amparo para lograr la libertad de su cliente.
Meneses Rojas fue aprendido el pasado sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el barrio de Xanenetla de la capital poblana, tres días después de que la dependencia homóloga a nivel federal detuvo a Mario Marín, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Valentín Meneses fue uno de los colaboradores más cercanos Mario Marín, incluso, durante el gobierno de éste, fungió como Vocero y secretario de Gobernación.
Según se indica en la averiguación previa 98/2016, Meneses también estaba acusado del delito de evasión de presos, pero finalmente ya no pudo ser juzgado por este, debido a que presentó y ganó un juicio de amparo.
El delito de conductas contra la procuración y administración de justicia por el que sí se le juzga, habría sido cometido en 2010, en la recta final del sexenio de Marín, cuando firmó preliberaciones de forma irregular.
Se sabe que la defensa del priista no solicitó el beneficio de la libertad bajo fianza, pese a que el caso lo contempla debido a que el delito de conductas contra la procuración y administración de justicia no está considerado como grave en el Código Penal del estado.
El tema fue abordado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en su conferencia de este martes, en la que indicó que según conoció, la defensa de Meneses no solicitó al juez el beneficio de la libertad bajo caución, por lo que esta posibilidad no fue considerada.