- Pretenden llevar caso Jenkins al T-MEC
- México, pionero en los impuestos del G20
- Minera, Mexicana, Atención, Concanaco, Pymes
Parece inconcebible, pero ante la avalancha de documentos, investigaciones y sentencias en su contra, los herederos de William Jenkins (quien fue el hombre más rico de México en la primera mitad del siglo XX), pretenden ahora iniciar un pleito contra el gobierno de México, ante instancias internacionales.
Concretamente, el viernes por la noche se dio a conocer un comunicado en el que se dice textualmente: “Integrantes de los Patronatos de las fundaciones Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla iniciaron una reclamación bajo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) contra los daños de que han sido objeto por la investigación penal abierta y las órdenes de aprehensión en su contra, así como por la toma de la UDLA por el gobierno de Puebla”.
Específicamente mencionan haber entregado a la Secretaría de Economía “una Notificación de Intención para iniciar una reclamación bajo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) para recuperar los daños económicos resultantes de una investigación penal reabierta ilícitamente, la emisión de órdenes de aprehensión, los intentos de destituir a los Patronatos de la Fundación y de FUDLAP, y el intento de confiscación de activos pertenecientes a la Fundación y a FUDLAP, incluyendo la toma de posesión de la Universidad de las Américas Puebla por parte del Gobierno de Puebla y sus representantes, cuyo transparente objetivo es la usurpación de la Fundación y sus activos”.
Sobre el caso Jenkins he escrito en diversas ocasiones (3 de marzo: https://almomento.mx/diario-ejecutivo-el-fin-del-hombre-mas-rico-de-mexico/;8 de marzo: https://almomento.mx/diario-ejecutivo-los-jenkins-ya-huyeron-y-derbez/:16 de abril: https://almomento.mx/diario-ejecutivo-signos-vitales-y-el-monopolio-de-la-verdad/), sobre todo por el fraude que cometieron varios miembros de la familia Jenkins al haber desviado fondos por 14 mil millones de pesos a paraísos fiscales, como Panamá y Barbados.
El comunicado del viernes añade: “Los Patronos están obligados a proteger a la Fundación y sus activos; a la Universidad, sus estudiantes y su cuerpo académico; y el legado de filantropía iniciado hace tiempo por el fundador de la Fundación: William Oscar Jenkins. En consecuencia, los Patronos buscarán recuperar los daños significativos que han sufrido -así como cualquier otro daño en el que incurran- como resultado del incumplimiento de las obligaciones del TLCAN por parte del gobierno mexicano”.
Destaca que, a pesar de que el rector de la Universidad de las América Puebla (UDLA), Luis Ernesto Derbez -uno de los personajes seguramente detrás de ese comunicado-, está familiarizado con los tratados comerciales (por haber sido secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Felipe Calderón) ahora los escribientes del comunicado confundan el T-MEC, con el TLCAN. Pero eso es lo de menos.
De acuerdo con los patronos, la notificación de intención se presentó ante la Secretaría de Economía, específicamente, ante la Dirección General de Inversión Extranjera y la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, es decir ante las oficinas que dirige Tatiana Clouthier.
Al respecto yo pregunto: ¿Cuál inversión extranjera? Hay que recordar que William Jenkins llegó a México en plena revolución y con una mano atrás y otra adelante, por lo que todo su dinero lo hizo en México y no siempre de manera ortodoxa, sino mediante relaciones con presidentes y hasta (se dice) asesinatos como el del líder del sindicato cinematográfico, Alfonso Mascarúa.
El asunto en sí es que las fundaciones en cuestión y la propia Universidad de las Américas-Puebla tienen cuentas pendientes con la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y el gobierno del estado de Puebla, detrás de las cuales están los más de 720 millones de dólares que fueron desviados, presumiblemente con el apoyo del actual rector de la casa de estudios, Luis Ernesto Derbez, y del exrector Enrique Cárdenas Sánchez, quien es ahora presidente de Signos Vitales, uno de los grupos que se ha erigido como monopolio de la verdad en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuera de si el asunto es competencia del T-MEC (personalmente creo que no y que no merece la atención de Estados Unidos y Canadá, pues es un asunto nacional), el caso es que la investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto ya existen órdenes de aprehensión contra Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins. Incluso, al parecer también es investigado el propio rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez.
El saqueo comenzó desde 2007 y ha continuado hasta 2021, por lo que, en acciones diferentes, el Servicio de Administración Tributaria embargó la UDLA y la semana pasada el gobierno de Puebla tomó las instalaciones de esa casa de estudios.
Por cierto que la iniciativa privada poblana amenazó al gobierno de la entidad: “¿Ustedes saben qué puede pasar si la UDLA sigue en este problema? ¿Queremos ver las calles llenas de estudiantes y armar un desmadre?”. El gobernador del estado Miguel Barbosa respondió que los empresarios trataron de negociar el caso en lo oscurito y dijo que “no admitirá desmadres en Puebla”.
El saqueo se previó, se planeó, se realizó y se consumó. Las consecuencias apenas se van a conocer. Por lo pronto, el sábado unos 150 estudiantes de la Universidad se manifestaron para exigir la salida de la policía del recinto educativo, lo cual, creo, es válido.
Pero lo más importante es que realice una investigación a fondo, hasta las últimas consecuencias. Dice el filósofo del metro: la fundación que lleva a la fundición no es altruismo.
Tianguis
Este fin de semana, los ministros de Finanzas del Grupo del Grupo de los 20 (G-20), entre los que se encuentra México, aprobaron una revisión del sistema de impuestos internacionales que incluye dos acuerdos históricos. Por un lado, fijar un impuesto mínimo de 15 por ciento a las multinacionales a partir de 2023 y, por el otro, comenzar a gravar a las plataformas digitales que ubican sus domicilios fiscales en países de baja tributación. La recomendación es que los países promulguen en sus leyes los nuevos requerimientos de impuestos mínimos. Incluso, algunas zonas pudieran requerir un tratado formal. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la reunión concluyó con resultados muy positivos, pues se alcanzó un acuerdo histórico sobre el impuesto mínimo global. Hay que recordar que México es uno de los países pioneros en este tipo de gravámenes, pues en este sexenio se comenzaron a aplicar impuestos a las grandes empresas tecnológicas gigantes, particularmente a las aplicaciones digitales que no estaban gravadas a nivel internacional ni nacional… Interesante que uno de los abogados de los trabajadores de Mexicana consideró que Aeoroméxico debe participar en el rescate de la aerolínea icónica que está en huelga. El abogado Gerardo Nájera Ojeda, socio fundador del Despacho Nájera Ojeda y Asociados y quien representa a trabadores de Mexicana, explicó que algunas empresas que son hoy parte de los activos de Aeroméxico, como SICOPSA, Servicios de Apoyo en Tierra (SEAT) y el Centro de Capacitación Alas de América (CECAM), eran coadministradas alternativamente cada año por Aeroméxico y Mexicana de Aviación y sus servicios son esenciales en la operación de cualquier aerolínea. De hecho, Aeroméxico, compañía que fue socia al 50 por ciento de Mexicana en las épocas de Cintra adquirió en diciembre de 2010 tres compañías que prestan servicios aeroportuarios complementarios a su entonces socia Mexicana, que hace 11 años dejó de operar. Pero en el 2010, dijo, aprovechando que Mexicana estaba en Concurso Mercantil, CECAM y SEAT fueron trasladadas a los activos de su exsocia, mientras que los pasivos laborales de SICOPSA se pasaron a la lista de quebrantos de Mexicana. “Todas esas operaciones nunca fueron reportadas con detalle ni al Consejo ni a los accionistas de Grupo Aeroméxico durante una década, lo cual pone en cuestión a la administración de Andrés Conesa y sus directores jurídico Ricardo Sánchez Baker y de Finanzas, Eduardo Olivares”, comentó. Por eso, pidió a las autoridades competentes que citen a los consejeros de Grupo Aeroméxico para que respondan sobre el aprovechamiento del que ha gozado la aerolínea durante casi 11 años y haya un pago justo a los trabajadores de Mexicana… ¿Qué está pasando con la Mina San Rafael? Hace unos días (poco antes de la reunión ministerial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá que se realizó en nuestro país), las secretarias de Gobernación, Economía y Trabajo y Previsión Social, Olga Sánchez Codero, Tatiana Clouthier y Luisa María Alcalde, respectivamente, informaron que la empresa canadiense Triturados Mineros del Noroeste (filial de Americas Gold and Silver ), y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, acordaron la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa. Sin embargo, de acuerdo con reportes periodísticos, en los siguientes días no fue posible verificar el estado de la Mina pues la empresa canadiense Americas Gold and Silver no proporcionó el equipo de seguridad requerido y los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sólo llevaron a cabo un recorrido por la planta y demás instalaciones que están en la superficie. Sobre este caso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya había pedido al líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, que ayudara a solucionar el conflicto. Pero algo no está funcionando… Por cierto que en la mañanera del viernes se presentaron varios informes interesantes: Uno que la secretaría del Trabajo informó que, a dos meses y medio de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 835 mil trabajadoras han salido ya han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales. La misma funcionaria dio a conocer que en el caso de los mineros de Cananea, hay buena disposición por parte de la empresa de llegar a buen acuerdo y a partir de la próxima semana se estarán entablando estas negociaciones que permitan atender los requerimientos de los trabajadores… Otro asunto abordado en la mañanera fue el informe del ángel guardián del presidente López Obrador, Leticia Ramírez, jefa de la Unidad de Atención Ciudadana de la presidencia, quien dio a conocer que por manifestaciones en Palacio Nacional desde diciembre de 2018 a junio de 2021, se han atendido a mil 888 grupos. Paralelamente explicó que hay una atención presencial y documental de 239 mil 530 peticiones. “Si nosotros incluimos las llamadas que tienen que ver con una petición, no las llamadas que tienen que ver con información, esas no, tenemos un total de 315 mil 717 atenciones”. De esa cantidad de peticiones se ha respondido 81.6 por ciento. Pero lo más importante, dijo Leti Ramírez, es que “para la atención ciudadana hay dos palabras clave: escuchar y dialogar”… Pasando a otros temas, el fin de semana el candidato a la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Juan Carlos Pérez Góngora, estuvo en Guanajuato y Jalisco y ahí prometió retomar el liderazgo y representatividad del sector comercio ante los sectores económico, político y social del país, porque actualmente la confederación vive uno de sus más débiles de la historia por la falta de democratización en los procesos electorales y en la conducción de la representación, al grado de que 14 vicepresidentes y presidentes de comisiones fueron cesados de manera arbitraria por el actual presidente, José Manuel López Campos. También prometió cancelar el cobro de cuotas en este 2021… La startup mexicana Social Piper fue una de las ganadoras del Santander X Global Challenge I Helping Businesses Prosper, lanzado por el banco a nivel mundial, para encontrar soluciones innovadoras y escalables para mejorar la digitalización y la eficiencia de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta ganadora consiste en una solución basada en Inteligencia Artificial para redes sociales, que permite a las pequeñas empresas usar esas plataformas para impulsar su crecimiento, pero sin requerir de las inversiones cuantiosas que implica trabajar con agencias o herramientas actuales en el mercado, que son costosas para este tipo de empresas. Tres equipos mexicanos disputaron los premios entre los 20 finalistas de 11 países.