Al gobierno municipal de Puebla le restan por liquidar 60 millones de pesos correspondientes a la deuda de 547 millones de pesos heredada por la administración del exalcalde Adán Domínguez Sánchez. Estos pagos pendientes se relacionan con empresas que no han completado la entrega de documentación necesaria o no han acudido a la Comuna para gestionar el cobro, señaló el tesorero municipal, Héctor González Cobián.
En entrevista, el funcionario informó que la mitad de los 60 millones de pesos está vinculada a dos empresas que no han cumplido con todos los requisitos legales y administrativos para validar la deuda, lo que impide corroborar su contratación por parte del gobierno anterior.
“Específicamente tenemos dos empresas que no han cumplido con los requisitos, es decir, se comprometieron a nuestras condiciones y no las cumplieron, por lo tanto no estamos en condiciones de realizarles estos pagos”, precisó González, agregando que se mantiene el diálogo con los representantes de las firmas para encontrar una solución.
El tesorero indicó que la gestión encabezada por el alcalde José Chedraui Budib dispone de los recursos financieros para cubrir los compromisos, pero advirtió que, si las empresas no cumplen con la documentación, los 30 millones de pesos correspondientes podrían redirigirse a otras prioridades municipales, como el bacheo o proyectos de obra pública.
Cabe recordar que, en enero pasado, la administración de Chedraui Budib presentó una denuncia formal por el presunto desfalco, luego de detectar irregularidades por 547 millones de pesos durante la revisión del proceso de entrega-recepción; de esa suma, 333.9 millones eran pagos pendientes sin suficiencia bancaria.
Según la Tesorería Municipal, el “hoyo financiero” consta de tres componentes principales: faltante bancario por 333.9 millones de pesos, contratos de noviembre y diciembre por 116.9 millones, otros adeudos restantes sumaron 96.2 millones.
Las áreas más impactadas fueron obra pública, con más de 300 millones en faltantes, y la Secretaría de Administración, con 82 pagos pendientes por 104 millones.
Por estos hechos, la Contraloría Municipal inició una investigación administrativa. De confirmarse irregularidades, podrían imponerse inhabilitaciones, sanciones administrativas e incluso denuncias penales contra los funcionarios responsables.
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