Representantes de campesinos que se han manifestado al menos dos ocasiones ante la Delegación Norte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron ayer por la mañana una rueda de medios en la cual precisaron que el organismo mantiene un adeudo de 220 millones de pesos, correspondientes a la devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del cuarto trimestre de 2024.
La retención afecta a más de 55 mil labriegos de 110 municipios de Puebla que utilizan diésel en sus actividades agrícolas, por lo que proponen una mesa de diálogo con el SAT, en la cual el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier funja como mediador.
La conferencia, ofrecida en un café del Centro Histórico de la capital poblana, fue conducida por Aldo Seguro, Alejandro Ramírez, Jovani Mirón, Enrique Rodríguez, Margarito Limón, Mario Díaz y Agustín Robles, originarios de diversos municipios agrícolas, entre ellos Acatzingo, Tochtepec, Amozoc, Ciudad Serdán y Xochitlán Todos Santos.
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De acuerdo con los productores, su problema es resultado de la actitud de Hilda Reyes, auditora del SAT Delegación Norte en Puebla, pues mientras en la Delegación Sur, sus compañeros agricultores no han tenido mayor problema en el reintegro del IEPS, la funcionaria responsable de atenderlos a ellos, les exige un requisito que no se encuentra en la ley, para hacer la devolución: la exhibición de facturas de compra de insumos, materiales y energéticos.
“No le podemos llevar el tornillo de un tractor (comprado de manera colectiva), ni del fertilizante, ni del diésel, porque en el campo no se usan facturas. A pesar de que el requisito impuesto por Hilda Reyes es ilegal, le hemos ofrecido presentarle los recibos (autógrafos) que nos damos entre nosotros y no quiere. La invitamos a que vaya al campo y vea cómo son las cosas”, expresaron.
En esa lógica, denunciaron que, tras presentar sus solicitudes de devolución, las autoridades fiscales emitieron resoluciones negativas, rechazando el reembolso sin justificación clara y excediendo los plazos legales para requerir documentación adicional.
“Desde el momento en que uno paga un litro de diésel, el impuesto ya está en manos del gobierno, pero aun así nos lo siguen cobrando. Ahora resulta que para pedir que nos devuelvan algo que no debimos pagar, tenemos que pagar abogados e iniciar juicios costosos”, explicó Aldo Segura, productor afectado.
“El pretexto que dan en el SAT Norte es que no entregamos cierta información, pero nunca nos la pidieron en tiempo. Y ahora nos niegan la devolución, cuando antes este reembolso se hacía cada trimestre, sin tantos obstáculos”, agregó Alejandro Ramírez, también vocero del grupo.
La deuda, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, debía haberse reintegrado para su reinversión en labores del campo en el primer trimestre del año que corre. Los representantes no descartaron acciones legales y colectivas para exigir el cumplimiento de sus derechos fiscales, pero hicieron un llamado al SAT a dialogar, con la intermediación del gobierno estatal y exigieron la salida de Hilda Reyes de la Delegación Norte.
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