El Congreso de Puebla revisará por segunda vez la cuenta pública 2016 y 2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para indagar la deuda que heredó a Puebla y que las administraciones del PAN se han negado a transparentar, en medio de denuncias del presidente de la Comisión Inspectora, José Juan Espinosa Torras, de que ésta podría superar los 100 mil millones de pesos.
El monto estimado por Espinosa supera el presupuesto público que maneja la entidad federativa y sus 217 municipios en todo un año y, de confirmarse, significaría un incremento a los pasivos de Puebla de 952 por ciento, en comparación con el monto que dejó el ex mandatario del PRI Mario Marín Torres en 2010.
“Estamos hablando de un desfalco y de un fraude a las finanzas públicas”, alertó Espinosa durante el debate que generó la discusión del tema en la sesión pública del Congreso de este día.
La reapertura de las cuentas se aprobó con 23 votos a favor de las bancadas de Morena, el PT, el PES y Compromiso por Puebla y 17 en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza (Panal) y PVEM.
El coordinador de la fracción del Panal y ex secretario de Desarrollo Social de Moreno Valle, Gerardo Islas Maldonado, subió a tribuna para defender al actual senador del PAN, bajo el argumento de que encabezó una administración que dio resultados a la entidad.
Infringen gobiernos del PAN Ley de Disciplina Financiera
El presidente de la Comisión Inspectora, órgano responsable de dictaminar las cuentas públicas de las autoridades que manejan recursos del erario, acusó que las dos legislaturas pasadas, bajo el dominio del PAN, aprobaron la aplicación de recursos de Moreno Valle pese a que sus estados financieros ocultaron la deuda generada en ese sexenio.
“Se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Disciplina Financiera que promulgó Enrique Peña Nieto en abril de 2016, la cual garantiza que a partir del mes de abril de 2016 cualquier municipio y cualquier estado tenía que documentar la deuda pública, incluyendo fideicomisos y contratos de prestación de servicios pública-privado.
“Sin embargo, en las carátulas de estados financieros de Rafael Moreno Valle (…) no están reportando los pasivos ni de fideicomisos ni de contratos para la prestación de fideicomisos públicos privados, estamos hablando de desacato a una ley de orden federal”, expuso.
Agregó que el gobierno de Puebla y el Congreso local también transgredieron la Constitución de Puebla, la cual señala en el artículo 114 que los fideicomisos tienen que reflejarse en los estados financieros.
Afirmó que la omisión continuó en el gobierno panista de Antonio Gali Fayad, al que acusó de actuar como un “muñeco de trapo” y un “títere” de Moreno Valle.
Moreno Valle recibió una deuda de 9 mil 500 mdp
El priista Mario Marín dejó pasivos por el orden de 9 mil 500 millones de pesos que al 31 de diciembre de 2017 se había reducido a 7 mil 987 millones, de acuerdo con las cifras que proporcionó la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) al Congreso local en la glosa del primer informe de labores de Antonio Gali.
Hasta el último día de su mandato, el 31 de enero de 2017, Moreno Valle rechazó la existencia de una deuda generada en su administración, pues dijo que los únicos pasivos que tenía el estado provenían de gestiones anteriores a la suya.
Este día, José Juan Espinosa aseguró que la deuda morenovallista se ocultó en fideicomisos y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), cuyo impacto en las finanzas públicas se podrá conocer con la revisión de las cuentas públicas 2016 y 2017, las últimas de esa administración.
“Vamos a documentar la infinidad de socavones financieros que ha hecho Rafael Moreno Valle en complicidad con Antonio Gali Fayad (…) y será obligación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentar las denuncias penales correspondientes”, adelantó.
En tanto, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, garantizó que Moreno Valle podrá echar abajo la revisión de sus cuentas con un amparo en tribunales, ya que el artículo 23 de la Constitución federal señala que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.