El fiscal Gilberto Higuera Bernal confirmó la detención de policías de Zapotitlán de Méndez presuntamente involucrados en el asesinato del chófer del ex candidato del PT a la alcaldía del lugar, ocurrido el pasado primero de julio, sin embargo, el alcalde Emiliano Vázquez Bonilla, que también está inmiscuido en el crimen, permanece prófugo de la justicia, así como su hermano Higinio y el director de Seguridad Pública.
Aunque se sabe que fueron seis los agentes de seguridad pública detenidos, el fiscal prefirió no abundar en la cifra debido a que, hasta la tarde de este jueves, este dato no era certero por la lejanía del lugar.
Interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves, el fiscal refirió que el hermano de Vázquez Bonilla y el director de Seguridad Pública Francisco Luis Bello, tampoco se encuentran entre los aprehendidos aunque forman parte de la investigación.
Fue el pasado 1 de junio, cuando Ramón Malagón García, militante del Partido del Trabajo (PT) y chofer del ahora virtual presidente municipal electo por ese instituto político, Tino Martínez, fue asesinado presuntamente por una instrucción del alcalde prófugo de la acción de la justicia.
Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la semana pasada que solicitó órdenes de aprehensión contra al menos 30 personas involucradas en el homicidio de Ramón Malagón García.
En conferencia de prensa ocurrida el pasado 20 de junio, Alejandra Odette Flores Ventura, Coordinadora Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, narró los avances de la investigación e indicó que se solicitó a la autoridad judicial que liberaran 30 órdenes de aprehensión contra igual número de personas por su posible participación en el crimen.
La funcionaria señaló que el pasado primero de junio –un día antes de las pasadas elecciones– la víctima fue agredida cuando circulaba por el Puente Morelos con dirección a la comunidad de Tuxtla, por personas que eran encabezadas por el hermano del alcalde, así como por el director de Seguridad Pública, Francisco Luis Diego, y agentes a cargo de éste.
Las personas en cuestión agredieron a la víctima con golpes y armas de fuego que son oficiales, posteriormente el director de Seguridad Pública la trasladó a un nosocomio para su atención pero ya no contaba con signos de vida.
Las ordenes de aprehensión contra las 30 personas implicadas, fueron liberadas bajo los cargos de lesiones, robo, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones.
