Domingo, abril 11, 2021

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Detienen a una sexta persona por el accidente de los Moreno Valle

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Autoridades de Veracruz detuvieron la noche de este lunes a una empleada de la empresa Rotor Flight Services por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo en el que el 24 de diciembre de 2018 perdieron la vida los exgobernadores Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle.

La mujer, originaria del municipio veracruzano de Coatzacoalcos e identificada como Cristina N. fue aprehendida en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

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La mujer es la sexta integrante de la empresa mencionada que es detenida por su probable participación en el caso.

De forma particular, se le acusa de no haber ordenado la compra de una pieza de la aeronave, con lo que habría contribuido al desplome de la misma.

De acuerdo con la defensa de los implicados en el asunto, la trabajadora será trasladada a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

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Medios de comunicación veracruzanos indicaron que Cristina N. fue detenida cerca de la central de abasto del puerto, acusada de los delitos de homicidio culposo, falsedad de declaración y daño en propiedad ajena a título de culpa.

Las personas previamente detenidas son José Antonio Vázquez Torales, propietario de la empresa, así como Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa, Israel Olguín Jiménez y Miguel N. que son empleados.

Hay que señalar que en su conclusión sobre la investigación de las causas del accidente, presentada en marzo pasado, el gobierno federal indicó que fue la falta de mantenimiento por negligencia en los “actuadores” del helicóptero, lo que provocó el accidente.

Sin embargo, la defensa de los detenidos arguye que tres meses antes del accidente, la falla mecánica fue reportada, pero ignorada, aunque este desperfecto no representaba un riesgo de desplome, por lo que los pilotos decidieron volarlo.

Una prueba de que la falla no representaba un riesgo, es que el vehículo voló 53 veces en esa situación, sin que tuviera problemas en el aire.

Tras recibir mantenimiento, la nave tenía una garantía de 10 días, plazo que ya había vencido cuando se desplomó, el 24 de diciembre de 2018.

La empresa implicada fue constituida hace siete años, con sede en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

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